VALENCIA, 4 (EUROPA PRESS)
El ex alto cargo de la Generalitat se encuentra en paradero desconocido desde que fue condenado, junto al empresario francés Jean Luc Lagier --ya fallecido--, a cinco años de prisión por un delito continuado de estafa agravada en concurso con un delito de falsedad tras la concesión de avales públicos, en una sentencia dictada en marzo de 2005 por la Audiencia de Valencia, que luego confirmó el Tribunal Supremo en octubre de 2006.
Desde que Tabares fuera condenado, y tras conocer que había huido a Japón, un juez de Valencia cursó las órdenes para su extraditación y para que entrara en prisión, lo que en este tiempo no ha sucedido. En la actualidad, ya han transcurrido cinco años sin que se haya ejecutado la pena de cinco años de prisión impuesta a Tabares, con lo que la Audiencia, tras un informe favorable de Fiscalía, ha acordado declarar prescrito el delito y dejar sin efecto la orden europea de detención.
El tribunal ha adoptado esta medida en base al artículo 133 del Código Penal, que indica que las penas menos graves prescriben a los cinco años, plazo que se computa desde la fecha de la sentencia firme, por lo que, dado el plazo transcurrido en este procedimiento, se declara prescrita la condena.
Tanto Tabares como Lagier --este último sí que cumplió prisión hasta que falleció-- fueron condenados a penas de cárcel y a pagar una multa de 21.900 euros cada uno, así como a abonar indemnizaciones por más de 10 millones de euros a bancos, IVEX y Generalitat.
Esta condena se impuso tras considerar probado que Lagier, titular de varias sociedades sin solvencia --Sonotube y Graficom--, desde el año 1995 estaba llevando a cabo unas operaciones para que la compañía Ford obtuviera derechos de compensación para exportar vehículos a Túnez. Estas operaciones habían provocado una deuda en el Arab Bank por un importe de 3.198.739,87 euros que había percibido Lagier contra una cuenta del IVEX en la citada entidad, sin conocimiento ni autorización del Consejo de Administración de IVEX.
LA OPERACIÓN
Así, Tabares y Lagier idearon una operación en 1998, sin conocimiento ni autorización del IVEX, para obtener fondos para pagar dicha deuda, confeccionando en Valencia más de 30 letras de cambio que no respondían a operación comercial, que aparecían libradas por Sonotube, firmando Lagier, aceptadas por Graficom, como librada.
Estas operaciones aparecían avaladas por Tabares en nombre del IVEX, consciente de que no podía ejercitar legalmente esa facultad, y que confeccionaron con la finalidad de presentarlas a descuento ante diversas entidades bancarias, a sabiendas de que éstas lo harían sin desconfianza, ante la aparente garantía de un aval procedente de un instituto público y sabiendo de antemano ambos que Graficom no las atendería a su vencimiento.
Tras el cese de Tabares como director general del IVEX, en septiembre de 1999, quedó interrumpida la rueda de letras, existiendo entonces algunas en poder de las entidades bancarias y de Lagier que aun no se habían descontado, y otras descontadas y no pagadas, por las que se iniciaron procedimientos judiciales contra el IVEX en virtud del aval.
El impago de las letras supuso diferentes actuaciones judiciales y dejaron el patrimonio neto de la sociedad IVEX a consecuencia de los pagos por debajo de la mitad del capital social y tuvo que, para evitar su disolución, realizar operaciones que supusieron un coste de 59.917,88 euros y para consignar las cantidades reclamadas en los diferentes procedimientos judiciales, tuvo que concertar dos pólizas de crédito en la que los intereses y gastos de apertura ascendieron a 39.271,57 euros.
