MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El comunicado dado ha conocer este jueves está suscrito, entre otros, por los magistrados del Tribunal Supremo Perfecto Andrés y Joaquín Giménez, por el del juez del "caso Palau" Josep María Pijuán y por la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles.
Coinciden en que la actuación del Ejecutivo en el caso de los Mossos "supone un menosprecio a los miles de agentes Policía (*) cumplen a diario con sus funciones democráticas, que no son otras que defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía".
Dicen también que lo acordado en el último Consejo de Ministros supone un "ejercicio abusivo" de la facultad del indulto y "una afrenta al Poder Judicial", además de "una actuación contra la dignidad humana" al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio.
FUNCIONES DE LA POLICÍA
A juicio de los firmantes, proteger los derechos de la ciudadanía "es la finalidad fundamental de todas las Policías en un Estado Democrático" y que reducir penas como aquellas a las que fueron condenados los agenes autonómicos "parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial".
Los jueces recuerdan que el indulto implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena y que sólo se justifica "cuando el cumplimiento de aquella no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada".
Por ello, insisten en que "no existe motivo razonable alguno para un doble indulto como el que el Gobierno ha concedido" en el caso del acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes.
"Los hechos declarados probados son muy graves y contrarios a la dignidad humana -añaden- Conceder un indulto en estas circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la institución"
En el mismo sentido se ha manifestado la asociación Jueces para la Democracia (JpD), que en un comunicado remitido igualmente este jueves señala que "todavía resulta más censurable que el indulto se aplique a conductas que representan un uso inaceptable del poder del propio Estado, cuando se dedica a través de sus agentes a infligir un trato degradante, como en el caso de las torturas".
Añade la asociación que al aprobar este tipo de medidas, que reiteran otras anteriores, "el Gobierno renuncia a la persecución penal efectiva de actos gravemente lesivos de la dignidad humana
Finalmente, JpD Por quiere poner de manifiesto que el número creciente de indultos afecta cada vez más a cargos públicos y a policías, "con lo que las medidas de gracia se están convirtiendo en un instrumento para que el poder se exculpe a si mismo".
