PROTECCIÓN DEL MERCADO DE VALORES
Una vez más la Facultad de Derecho de la prestigiosa Universidad de Granada abre sus puertas al debate científico con la finalidad de tratar cuestiones de interés para todos los ciudadanos.
Esta vez se trata de un congreso internacional sobre la tutela jurídica del consumidor, examinada desde una perspectiva multidisciplinar (civil, penal y administrativa).
Naturalmente, la protección de los consumidores abarca muchos aspectos, desde la protección frente a productos alimenticios o de otra naturaleza nocivos, hasta la protección de aquéllos en el mercado de valores frente a conductas de abuso de información privilegiada (‘insider trading’) y de manipulación de los mercados (‘market manipulation’).
En el mercado de valores la información es esencial y debe ser transparente, de conocimiento general, siempre que no se trate de una información privilegiada protegida. Su manipulación, pues, es muy peligrosa y debe ser perseguida con toda contundencia, proceda de donde proceda. Es bien conocido el ‘crack’ de la Bolsa de Nueva York de 1929, que hizo que se tomara conciencia sobre la necesidad de regular la venta de valores y de establecer mecanismos de protección, creándose en 1934 la Securities and Exchange Commisión, que es la que ha inspirado la creación de comisiones similares en otros países, como el caso de la comisión nacional del mercado de valores española, creada en 1988, que tiene encomendada la supervisión e inspección de los mercados y de la actividad de cuantas personas físicas y jurídicas se relacionan en el tráfico de los valores, velando por la transparencia de esos mercados, la correcta formación de los precios y la protección de los inversores, promoviendo la difusión de cuanta información sea necesaria para asegurar la consecución de esos fines.
Desde entonces se hace hincapié en la necesidad de la transparencia en el mercado de capitales, en la necesidad de erradicar la manipulación de la información y la especulación injusta con los títulos-valores. Sin embargo, cuando pensábamos que era prácticamente imposible violar las reglas del mercado, pensando todo el mundo que eran infalibles, apareció en Estados Unidos, entre otros, el caso de Bernard Madoff, sin duda un genio de las finanzas, y el escándalo del millonario fraude por el que aquél ha sido condenado a una pena privativa de libertad de por vida.
En fin, es esencial que no se produzca en el mercado de valores una especulación interesada, que la misma responda a una información veraz sobre el mercado, sin que se difundan noticias o rumores sobre personas o empresas, ofreciendo datos económicos falsos, o utilizando información privilegiada se realicen transacciones o se den órdenes de operación que puedan proporcionar indicios engañosos sobre la oferta, la demanda o el precio de los valores, o se asegure con esa información una posición dominante en el mercado de dichos valores, fijando sus precios en niveles anormales, conductas todas ellas previstas en el Código Penal a partir de la última reforma de 2010, consecuencia de la transposición de una directiva europea.
Ya propósito de la calificación de la deuda española por las agencias de calificación internacionales (‘rating’), existe cierta inquietud, ante la falta de transparencia de aquéllas, sobre la posibilidad de que servicios de interés público estén siendo utilizados por especuladores, en un acoso permanente, más que de los mercados, de las maniobras de aquéllos.
Y todos nos preguntamos lo mismo: ¿realmente se justifica la reacción del mercado o, más bien, se trata de un cierto acoso de especuladores, que obedece a maniobras bien planificadas -no se sabe muy bien desde dónde- que sirven a determinados intereses? Desde luego, la divulgación de falsas noticias sobre la verdadera situación socio-económica y política de los países, acaso interesadamente para favorecimiento de unos y perjuicio de otros, afecta claramente al mercado, que es muy sensible, y pueden producirse abusos con graves daños a los intereses nacionales, como así está ocurriendo, en lo que podría ser una clara manifestación de corrupción económica.
Los estados no deberían permanecer impasibles ante estos ataques y quizá debería aplicarse la lección en su día aprendida respecto al mercado de valores, en el marco de la deuda pública, que tanto preocupa hoy y que tanto daño, acaso injustamente, está produciendo en nuestro país y otros del entorno europeo.
