VALENCIA, 22 (EUROPA PRESS)
Los fiscales del caso tienen previsto presentar a lo largo de esta semana un informe en el que recopilan los pasos y el estado en el que se encuentra actualmente la causa, y piden otra serie de pruebas y de informes.
En este mismo escrito, Fiscalía pedirá la imputación de una decena de personas relacionadas con ONGs. La mayoría de ellas están vinculadas con algún imputado en el procedimiento --compañeros de las ONGs-- y fueron denunciadas originariamente. La idea es llamarle ahora a declarar en calidad de imputado para que tengan protegidos sus derechos.
En total, la causa cuenta ahora con 28 imputados --de los que siete son funcionarios o excargos en la administración valenciana--. Entre ellos se encuentra el exsíndic del PP en las Corts Valencianes y exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, quien el pasado jueves defendió su inocencia y se desvinculó de la trama. Asimismo, figuran imputados el ex director general de Integración y Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; o el ex subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos cesados por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por este motivo.
En la actualidad, la magistrada todavía tiene que pronunciarse sobre la petición que realizó Fiscalía sobre Blasco --a quien se le atribuyen los presuntos delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental--, respecto a que se le retirase el pasaporte. Su abogado, Javier Boix, se opuso a esta solicitud al estimar que no existe riesgo de fuga y que su cliente no pretende evadir la justicia.
LA MAYORÍA, DE ONGS
La mayoría de imputados en el procedimiento están relacionados con distintas ONG. Uno de ellos es el empresario Augusto César Tauroni, único que está en situación de prisión provisional desde febrero. En la investigación están implicadas, al menos, seis ONG, entre las que se encuentra la Fundación Hemisferio, de la que era responsable Tauroni.
En concreto, se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones. La mecánica de desvío del dinero obtenido de la administración a través de subvenciones ha sido, supuestamente, "hinchar facturas que justificaban el dinero concedido".
Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití.
El procedimiento fue asumido por el tribunal valenciano el 5 de septiembre, después de que el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que inició la investigación del presunto fraude en las subvenciones concedidas a ONG por esta administración entre 2008 y 2011, la elevara a esta instancia al entender que había "sólidos indicios" de la participación del diputado, y por tanto aforado, en la trama.
