SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)
En la querella elevada el pasado jueves ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a la que ha tenido acceso Europa Press, Manos Limpias relata que, el 7 de abril de 2010, Segarra incoó diligencias de investigación después de que el exjuez de Familia acordara modificar el régimen de visitas del menor, lo que motivó la condena del Tribunal Supremo.
Añade que, al tratarse de un aforado, "la competencia exclusiva y excluyente para esa investigación" recaía en la Fiscalía Superior de Andalucía, por lo que "resulta sorprendente e inexplicable" que la fiscal jefe "asumiera ese conocimiento" y dictara un decreto "declarándose competente para iniciar esa investigación", al que siguió un mes después otro decreto "en el que apreciaba una posible comisión de un delito de prevaricación procesal por haber el juez incurrido en posible falta de competencia".
"Lo paradójico es que esa afirmación procedía de quien era manifiestamente incompetente para atribuirse el conocimiento de esa investigación criminal", asevera el sindicato, añadiendo que la Fiscalía General del Estado "establece expresamente que 'cuando sólo se haya denunciado a personas aforadas, la investigación deberá ser realizada por la Fiscalía del tribunal competente a resultas del aforamiento'".
A su juicio, Segarra "se saltó de forma burda y conscientemente la competencia atribuida por su estatuto, con la falsa excusa de determinar si es competente o no para investigar", de manera que "realiza los actos que tenía precisamente prohibidos, como era precisamente investigar los posibles hechos delictivos atribuidos a un aforado".
De manera paralela, y según sostiene Manos Limpias en su querella, la fiscal jefe de Sevilla "faltó a su deber de secreto", ya que "un informe confidencial y secreto" redactado por Francisco Serrano dentro del expediente que le fue abierto "fue filtrado" al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "institución desde la cual también ilícitamente fue convenientemente entregado a quienes habían promovido aquellas diligencias informativas".
En este sentido, dice que las "sospechas" sobre esta "filtración" recaen en la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, "con quien Segarra mantiene un elevado y notorio grado de amistad y afinidad política", dándose además la circunstancia de que ambas "habían exteriorizado públicamente sus reproches contra el juez que había sido crítico con sus planteamientos ideológicos".
No obstante, "no fue esa la única filtración de documentos reservados" que se produjo desde la sede del CGPJ, ya que como consecuencia de las diligencias previas informativas abiertas en ese organismo "se produjo otra revelación del contenido del informe confidencial" emitido por el exjuez Serrano "en esa fase reservada", del cual "se hizo uso en sede judicial" por el abogado de la madre del menor de edad en el juicio celebrado en la sede del TSJA.
