BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, en el auto de apertura del juicio oral, la juez les reclama esta cantidad como responsabilidad civil, aunque por el momento los saqueadores confesos no han depositado esta fianza porque tienen todos sus bienes embargados en el caso que lleva el Juzgado de Instrucción 30, por el desfalco de la institución.
No obstante, la juez no les ha vuelto a reclamar que depositen esta cantidad pese a que haya expirado el plazo, ya que los abogados tienen hasta mediados de septiembre para presentar los escritos de defensa, donde acostumbran a dar sus argumentos y a justificar por qué se ha depositado o no una fianza, momento en que la juez podría volverla a reclamar.
Previsiblemente, los dos encausados no podrán hacer frente a dicha fianza porque todos sus bienes están depositados en el juzgado 30, por lo que entregar esta cantidad podría ponerles en una situación delicada, han indicado fuentes judiciales.
El titular del Juzgado número 30 registró a principios de julio las casas de Millet en L'Ametlla del Vallès (Barcelona) y de Montull en Teià (Barcelona), en busca de dinero en efectivo, valores y documentos relacionados con el destino dado al dinero defraudado.
Lo acordó dentro de las diligencias abiertas sobre el presunto saqueo de al menos 30 millones de la institución musical por parte de Millet y Montull a través de presuntas facturaciones fraudulentas, y los investigadores se hicieron con obras de arte y 43.000 euros en efectivo, muchos en billetes de 500.
El auto de apertura del juicio oral en la Audiencia de Barcelona prevé que se juzgue a Millet, Montull, la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona durante la anterior etapa socialista.
LES PIDEN 10 AÑOS
Por el caso del hotel, el fiscal ha pedido diez años y dos meses de prisión para por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación en el caso del hotel de lujo que querían construir junto al edificio de la institución musical y que nunca llegó a levantarse.
También ha pedido cuatro años y siete meses de cárcel para el exteniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona Ramon Garcia-Bragado; para el entonces gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer; el exdirector jurídico de Urbanismo del consistorio barcelonés Enric Lambies, y para el arquitecto del proyecto, Carles Díaz, acusados de falsedad en documento oficial y del delito continuado de prevaricación, según recoge la calificación fiscal.
Hace dos meses, la acusación popular --formada por la Asociación de Vecinos en defensa de Ciutat Vella y la Asociación de Vecinos del Casc Antic-- pidió siete años de cárcel para Millet y Montull, al considerar que su intención era la de obtener "un importante beneficio económico" de 3.606.072 euros con las plusvalías de la operación urbanística, aunque finalmente obtuvieron 900.000 euros --lo que ahora les reclama la juez--.
