REDUCCIONES EN EL CONSEJO
Es muy probable que el legislador del 78 no previese que su sistema de garantizar la independencia judicial resultaría tan costoso. Ciertamente, esto ha ocurrido con muchas de las previsiones del constituyente pues las palabras “independencia” y “autonomía” siempre han dado en el mismo resultado: aumento de coste y escasa si no nula rendición de cuentas. Tampoco, por supuesto, previó que la percepción que se tiene sobre si esa independencia es real fuese tan negativa en la mayor parte de la opinión pública.
No todo, por supuesto, debe atribuirse al Consejo, que, si bien en su momento realizó actos tan escandalosos como la unilateral subida de sueldo de los consejeros pronto vio el escándalo convalidado por los poderes del Estado. No fue el Consejo quien cambió su composición provocando una politización que paradójicamente se ha visto agravada por la acción de política judicial de las asociaciones judiciales e incluso de las facciones dentro de las asociaciones.
Le corresponde al Consejo iniciar un camino de redimensionar su presupuesto y es correcto que lo inicie por unas partidas de presencia internacional que se habían desbocado, aunque de nuevo es justo reconocer que esta desmesura se había convertido en una nota distintiva de las administraciones españolas, en las que los viajes a costa del erario, las presencias internacionales pagadas por el contribuyente, la “proyección”, habían superado todo límite razonable.
El recorte en viajes tiene mucho de simbólico, toda vez que fueron gastos de cena y viaje los que provocaron la última crisis, con salida del presidente incluida. Ha faltado en el simbolismo algo de ejemplaridad. No puede ser que algunos consejeros que han utilizado filtraciones interesadas para fulminar a Dívar se nieguen a la sustitución del sistema de filtración, que en última instancia depende de los lobbies del propio Consejo, por un sistema de control público o si se quiere de “disclosure” total de los gastos de cada uno.
Pide ahora el Consejo un crédito extraordinario para responder a la indemnización de Dívar, al menos a la parte de este año. No parece un acierto. Independientemente de las razones jurídicas que asistan al ex presidente, que deben someterse a dictamen y aún a controversia, parece que un presupuesto relativamente tan amplio como el del Consejo debería dar para responder a este imprevisto. Mala señal daría Hacienda si admitiese esta enésima excepción.
