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  • EDICIÓN DE 20/07/2012
 
 

Reforma del Código Penal

JpD se opone a reformar el Código Penal y cree que Gobierno debería optar por la prevención para evitar la delincuencia

20/07/2012
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Critican que se quiere criminalizar diversas formas de protesta pacífica pero no la corrupción política

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) se ha mostrado contraria a los cambios jurídicos que el Gobierno quiere realizar para tipificar la violencia urbana como delito y modificar la Ley reguladora del derecho de reunión ya que considera que se debería optar por la prevención para evitar la delincuencia.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la asociación, Joachim Bosh, ha manifestado que la propuesta de reforma del Código Penal del Gobierno en la que se prevé un mayor endurecimiento penal incluye "medidas autoritarias e innecesarias que responden a la perspectiva del populismo penal".

Desde su punto de vista, la actuación del Ejecutivo responde al intento de desviar la atención sobre los "graves problemas económicos actuales".

Bosch ha explicado que las tasas de delincuencia españolas están entre las más bajas de la Unión Europea y ha matizado que España tiene el índice más alto de presos y mayores tiempos de cumplimiento de condena.

"El Gobierno no opta por fórmulas de prevención social que impidan el desarrollo de la delincuencia y se inclina por fórmulas de criminalización de la pobreza, pero no se regula la corrupción política ni la delincuencia económica, así como determinadas prácticas bancarias que causan un grave daño a la sociedad. Además, se pretenden criminalizar diversas formas de protesta pacífica ante el desmantelamiento del Estado social", ha aseverado.

El portavoz de JpD entiende que se aprecia "un doble rasero" por parte del Gobierno "a la vista del indulto a cargos públicos condenados por corrupción". "Ha habido condenas a cargos públicos que han sido indultados", ha apostillado.

"Desde Jueces para la Democracia detectamos el tránsito progresivo del Estado social al Estado penal en el que los ciudadanos cada vez ven más limitados sus derechos fundamentales", han concluido.

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