¿PARA CUANDO UN PACTO POR LA EDUCACIÓN?
Las medidas adoptadas en el Real Decreto Ley 20/2012 publicado este sábado dejan dicho, bien a las claras, que la Educación no se salva de las sucesivas olas de recortes y que la enseñanza concertada, pese a los que algunos vienen vendiendo, no es una excepción a ese continuo ataque.
Ciertamente, en la actual situación, todos tenemos marcado casi en nuestro ADN que debemos colaborar y sacrificarnos en esta vorágine de recortes, pese a que ejerzamos nuestro legítimo derecho a la movilización y a la crítica, aunque no comprendamos la parte de culpa que nos corresponde y, sobre todo, que no entendamos que los mayores culpables sean las menores víctimas. No obstante, hay que saber hasta donde uno debe o puede recortar y cual es el límite traspasado el cual, en castizo, "igual da ocho que ochenta". Y es que la dinámica del café para todos en los recortes, amén de ser injusta, puede conducir a situaciones sin retorno en las que se dañe, irreparablemente, el ya denostado sistema educativo.
Ese es el caso de la enseñanza concertada o de iniciativa social donde entidades como congregaciones religiosas, fundaciones o cooperativas de enseñanza llevan bregando, en pos de un sistema educativo de calidad, décadas en una situación de grave quebranto económico y que ven cómo los actuales recortes pueden suponer un tiro de gracia definitivo para muchas instituciones educativas. Y no se regocijen algunos sectores. El cierre de una unidad concertada no solo supone una pérdida para un sistema educativo plural y abierto, consagrado constitucionalmente, sino que el contribuyente tendrá que soportar mayores cargas, por mor del mantenimiento de una enseñanza estatal (que no más pública) mucho más cara que la concertada, y que emprendamos el camino a un verdadero sistema educativo dual público/privado donde las diferencias serán mayores.
En efecto, los recortes consagrados por el Real Decreto Ley no solo suponen recortes en los salarios de los profesores de la enseñanza concertada, sino recortes en unas partidas de mantenimiento de centros ya de por sí exiguas y que no habían sido revisadas en años, y en los salarios, sino en los puestos de trabajo, del personal de administración y servicios. Así, el legítimo objetivo de que el concierto educativo cubriese, como debiera ser, el coste de la plaza escolar se ve alejado definitivamente por unas medidas que, sumadas a los retrasos en el abono de las partidas protagonizados por algunas comunidades autónomas, hacen blanco en la línea de flotación de la calidad educativa.
Parece obvio que en la España de hoy se precisa un Pacto de Estado para afrontar la situación económica y social creada, como han hecho otros países europeos con mejor o peor fortuna o más o menos voluntariamente, y es obvio que en dicho Pacto la educación debía ocupar un lugar preeminente, sin hipocresías, sin retóricas frentistas decimonónicas, con generosidad. Solo así podremos salvar el sistema educativo y, por ende, la sociedad...porque, y permítanme una última reflexión que puede ser osada en una sociedad donde empezamos a ver dificultades para cubrir necesidades básicas: la educación, como la cultura, no es un lujo sino una necesidad básica para el desarrollo de la persona y de la sociedad y, sobre todo, motor de el cambio necesario para superar la crisis.
