MADRID, 21 JUNIO (EUROPA PRESS)
El Pleno del Senado ha aprobado que los mediadores pueden resolver conflictos civiles o mercantiles por videoconferencia en caso de que las partes muestren su conformidad, y garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad por medio de la lengua de signos y medios de apoyo como es el braille.
El Proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, que configura esta vía como sistema alternativo a la intermediación del juez y una solución para descargar de trabajo a los magistrados, ha contado con 228 votos a favor (del PP, PSOE, CiU y PNV) y cuatro abstenciones.
La iniciativa establece que el usuario pagará un coste si decide acudir a esta vía para agilizar la resolución de aquella controversia que mantenga con la otra parte. Las cuantías se regularán en un Reglamento posterior, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.
El texto contempla que las partes puedan acordar que las actuaciones se lleven a cabo por medios electrónicos, incluida la videoconferencia, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes.
Las personas con discapacidad deberán tener garantizada, a través de la lengua de signos o de cualquier otra forma de comunicación, su accesibilidad y participación "plena" en el proceso.
La Comisión de Justicia del Senado ha introducido algunas novedades al proyecto remitido desde el Congreso de los Diputados. Entre ellas, ha incluido una enmienda del PP que permite a las personas jurídicas, incluidas las sociedades profesionales, designar a alguien que reúna los requisitos para ejercer como mediador.
CARECER DE ANTECEDENTES PENALES
A propuesta de los 'populares', la Comisión de Justicia del Senado también ha incluido que el Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas no sólo fomenten, sino que también "requieran" la adecuada formación inicial y continua de los mediadores y su adecuación a los códigos de conducta oportunos.
En relación con las condiciones para ejercer la mediación, los senadores socialistas pedían que fuera necesario que los profesionales carecieran de antecedentes penales o poseyeran un título universitario o de educación profesional superior.
Entre las enmiendas que presentó el PSOE en el Senado, se fijaba la duración del procedimiento en un plazo de dos meses prorrogables por un mes más para evitar que se utilice con fines dilatorios. La regulación actual sólo señala que sea "lo más breve posible" se concentre en "el mínimo número de sesiones".
El PSOE y la Entesa también coincidían en que la intervención coordinada de varios mediadores en un mismo proceso no debiera suponer un aumento de coste para el ciudadano. Sin embargo, la Comisión de Justicia ha rechazado esta propuesta, así como otra en la que CiU pedía que uno de los mediadores fuera abogado o jurista.
ESTUDIANTES DE DERECHO
El proyecto también incorpora una enmienda transaccional que fue incluida en el Congreso que excluye a los licenciados de Derecho de la superación de un máster, un periodo de prácticas y un examen final para poder ejercer como abogados o procuradores.
La enmienda dice que "los títulos profesionales que se regulan en esta ley no serán exigibles a quienes obtengan un título de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que se encuentren en condiciones de solicitar la expedición del título oficial de licenciado en Derecho, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes".
