SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
La juez Alaya investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos. Y es que según la investigación, esta partida presupuestaria habría sido transformada en ayudas libradas al margen de la Ley autonómica de Hacienda Pública y sin los controles relativos a las subvenciones excepcionales.
En este marco, la comparecencia del exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández ante la juez ha supuesto un nuevo hito en la investigación. Tras cuatro jornadas de declaración, la juez ordenó el ingreso en prisión de este exconsejero por cuatro posibles delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario, así como otros dos presuntos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.
ANTONIO FERNÁNDEZ Y EL ERE DE MERCASEVILLA
En las actas relativas a la comparecencia de Antonio Fernández, recogidas por Europa Press, el exconsejero responde a una serie de preguntas relativas al conocido conflicto del expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla.
El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por Mercasevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas quedaron en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento incluido en las diligencias de la juez Alaya al figurar en él la prejubilación de Antonio Garrido Santoyo, un miembro del PSOE de Baeza (Jaén) que jamás había trabajado en la lonja sevillana.
LOS DOCUMENTOS DE GUERRERO
Aunque Francisco Javier Guerrero, como director general de Trabajo y Seguridad Social, había firmado varios documentos mostrando la "conformidad" de su departamento en cuanto al libramiento de fondos para estas prejubilaciones, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".
A tal efecto, el exconsejero defiende que no consideró "legal" el ERE promovido en 2007 por Mercasevilla porque Juan Márquez, sucesor de Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, señaló entonces que "faltaba el convenio base que hace nacer el derecho a la ayuda". Además, alegaba Fernández que Guerrero asumió este compromiso de financiación "el último día de su mandato" y que tal extremo "fue un dato a tener en cuenta", toda vez que encuadra su decisión de bloquear la financiación de este ERE en los meses de "junio o julio" de 2008.
Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa de Mercasevilla, ha manifestado no obstante a Europa Press que tal versión resulta "contradictoria" porque los prejubilados del ERE promovido en 2007 por Mercasevilla cobraron sus rentas "hasta noviembre de 2009" y sería "irreal" creer que la compañía aseguradora con la que fueron contratadas las pólizas de seguro de rentas hubiese sostenido los pagos con sus propios fondos a sabiendas de que no recibiría la inyección económica acordada. Igualmente, ha señalado que sobre este ERE pesan "dos compromisos de pago" firmados por Guerrero "bastante antes" de su cese.
