MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los abogados de Iberdrola partían de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el bono social, en la que se consideraba discriminatorio que solo cinco eléctricas financien esta ayuda, para trasladar a los tribunales una queja similar, pero referida a la financiación del déficit de tarifa.
La legislación establece que las cinco grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON, deben encargarse de financiar el déficit del sistema eléctrico, al menos mientras este no se titulice en los mercados. Las eléctricas se quejan de que otros generadores eléctricos, entre ellos algunas destacadas empresas del sector de renovables, no financien el déficit, lo que genera una situación de discriminación.
En su resolución, la Audiencia Nacional entiende que "debe primar el interés general", por lo que no bloquea cautelarmente la liquidación de la CNE. Sin embargo, advierte de que la decisión "no hace perder al recurso" de Iberdrola "su finalidad legítima".
El magistrado Tomás García Gonzalo considera que en este caso, en contra de lo argumentado por la eléctrica, "no se produce una perturbación tan grave de los intereses de la recurrente" relacionada con su capacidad económica para hacer frente a la liquidación mensual, que es de carácter provisional.
En esta primera liquidación del año, el regulador cifra en 551 millones de euros el déficit de tarifa generado en el sistema eléctrico en enero, de los que a Iberdrola le corresponde financiar 191 millones de euros.
UN RECURSO INÉDITO.
A pesar de que la CNE elabora mensualmente estas liquidaciones, esta es la primera vez en que Iberdrola las recurre. La eléctrica considera que este caso es similar al del bono social, si bien la Audiencia entiende que se produce un supuesto "semejante, que no idéntico".
La Audiencia recuerda además que el modelo de financiación del déficit de tarifa tiene como objetivo "hacer viable" el sistema eléctrico y que las distintas liquidaciones mensuales de la CNE "han venido siendo consentidas en gran parte por las empresas a las que se ha vinculado tal financiación".
Pese a ello, valora el "interés particular" del recurrente y considera necesario "ponderar" los perjuicios derivados de la financiación del déficit de tarifa.
