MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
Durante la reunión, Plañiol ha transmitido a Gallardón sus "reflexiones" sobre la administración de Justicia madrileña. Los asuntos que han sido puestos encima de la mesa se han centrado en la necesidad de reformas legislativas como la de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, incrementar la planta judicial, la aplicación de sistemas informáticos y la puesta en marcha de medidas para reducir la litigiosidad, entre otras cuestiones.
Tras el encuentro, la consejera madrileña ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha detallado los asuntos tratados en la reunión. Así, ha señalado que se ha presentado al ministro la colaboración y el apoyo del Gobierno regional en "todas las medidas de reforma" planteadas y se ha ofrecido a Madrid como banco de prueba.
Asimismo, se ha trasladado al titular de Justicia las inquietudes del Ejecutivo autonómico relativas a la carga de litigiosidad que asumen los tribunales madrileños y en lo referente a la organización del trabajo de los mismos. En esta línea, se ha pedido al ministro "flexibilidad" en las plantillas de tal forma que los destinos de los funcionarios sean más amplios para que haya una mejor reubicación.
De forma específica, Plañiol ha señalado que se ha mostrado a Gallardón el apoyo de la Comunidad a las reformas sobre la planta judicial o a las relativas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). Además, se ha mostrado a favor de la implantación de las tasas judiciales y ha expresado su colaboración en la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y en la implantación de la nueva Oficina Judicial.
A preguntas sobre si se ha tratado la devolución de las competencias de Justicia al Estado, la consejera ha precisado que no se ha abordado esta cuestión. "Pensamos que, como todos los españoles saben, en este momento en España estamos pasando por dificultades económicas, pero la Comunidad de Madrid tiene plena confianza en el Gobierno de Mariano Rajoy y colaborará para superar esta situación de crisis", ha recalcado.
"Sólo en el caso de que tengamos una situación muy extraordinaria nos plantearemos la revisión del modelo autonómico. En este momento hay que arrimar el hombro y colaborar en las reformas. Y estamos convencidos de que todos saldremos adelante", ha reseñado.
Respecto a la carga de trabajo, Plañiol ha indicado que en Madrid se trabaja en el control de horarios de los empleados públicos para verificar que todos hacen su jornada laboral. Así, se podrá saber la carga de trabajo de los juzgados y más medidas que habrá que poner en marcha en función del número de asuntos que ingresa cada órgano judicial.
"La Comunidad tiene entre sus obligaciones la necesidad controlar que el tiempo de trabajo de todos los empleados se cumple. De forma concreta, se ha establecido la obligación de todos los funcionarios de realizar una jornada de 37 horas y media. Ahora, se está verificando el cumplimiento", ha reseñado y ha indicado que por ahora es una prueba piloto que se irá implantando de forma progresiva.
SISTEMAS INFORMÁTICOS
Asimismo, la responsable madrileña ha transmitido al ministro su preocupación por la distinta evolución que está experimentando cada una, sobre todo en materia electrónica, y la necesidad de adaptar la planta judicial a las características de Madrid.
El actual despliegue territorial en la región es poco funcional, con 21 partidos muy desiguales en tamaño y caracterización. Por este motivo, la región quiere superar el concepto clásico de partido judicial y poder tener órganos con jurisdicción en toda la Comunidad Autónoma.
También se pretende la flexibilización en la adjudicación de la plaza de funcionarios, con movilidad de destino para sedes o unidades más genéricas que las actuales.
En cuanto a la apuesta por las nuevas tecnologías, Plañiol ha destacado que el Gobierno regional ha puesta en marcha un Plan de Modernización de los sistemas de Información Judicial, con una inversión ejecutada hasta la fecha de 22 millones de euros, y tiene un plan global para la implantación plena de la Administración de Justicia Electrónica antes de finalizar el año 2015.
"Nos asusta que el Estado o aquellas comunidades que tienen transferida la Administración de Justicia estén apostando por distintos sistemas o el ritmo sea diferente, lo que provocaría graves problemas de coordinación", ha explicado.
Durante el transcurso de la reunión, ambas Administraciones coincidieron en la necesidad de reducir el alto nivel de litigiosidad existente en la Justicia española, y, en concreto, en la madrileña, que se ha convertido en la segundo Comunidad con mayor número de asuntos ingresados en los tribunales en relación con el número de habitantes.
Así, mientras la media nacional la litigiosidad es de 198,8, en Madrid supone un 223,2, teniendo en cuenta que desde 2003 en este ámbito ha crecido un 26,51 por ciento.
"De esta forma desde Madrid se va a apoyar cualquier reforma para reducir la litigiosidad, ya sea la Nueva Ley de Reforma de Enjuiciamiento Criminal, la despenalización de faltas, la extensión de juicios rápidos, las medidas de resolución alternativa de conflictos, incluso modelos extrajudiciales, y la revisión de tasas judiciales", ha dicho.
Además, la Comunidad también respaldará el debate sobre la reforma de la Ley de Menor y una revisión de la oficina judicial, ofreciéndose también para la experiencia piloto en este caso.
