UNA REFORMA INAPLAZABLE
Charles de Gaulle mantenía que el indicador más veraz del rigor, la seriedad y la fiabilidad de un Estado era el funcionamiento de su administración pública. Y, dentro de su administración pública, el desenvolvimiento de sus servidores, convertidos en embajadores permanentes del sentido del deber, de la austeridad, de sencillez al servicio de la eficiencia.
Es evidente que sostener la universalidad de derechos y servicios obliga a una profunda reforma de un sistema institucional que, en ocasiones, genera duplicidades muy ineficientes. Y en otras, parece que sus administraciones compiten entre sí. Un modelo que suscita ineficiencia y desorden termina por resultar insostenible materialmente, e inexplicable políticamente. Y la España constitucional de 1978 no puede permitirse ninguno de estos dos ejercicios de irresponsabilidad.
El debate acerca de la reorganización de las administraciones públicas ha colocado en el centro de sus inquietudes la vigencia del modelo municipal español, adjudicando extraordinarias expectativas a la eventual simplificación del actual mapa.
La sociedad, y no sólo los políticos, mencionan constantemente la austeridad como primer objetivo para garantizar el Estado del Bienestar y el futuro del país, evitando el despilfarro y suprimiendo todo gasto innecesario. Me parece un objetivo loable. Pero se apuntan decisiones equivocadas. Suprimir por la fuerza municipios es unas de ellas.
Tuve responsabilidades políticas durante una década en Castilla y León, que alberga una cuarta parte de los municipios españoles. Y creo que la fusión de municipios, cuando obedece al diálogo y a la conjunción de voluntades, es una hipótesis de trabajo extraordinariamente positiva. Pero la mera eliminación de municipios cuyo único gasto, muchas veces mancomunado entre varios, es el mantenimiento del secretario, genera conflictos que afectan a identidades históricas, y suscita más problemas de los que contribuye a resolver. Otra cosa es la mancomunidad de servicios.
El municipio aporta beneficios de autoestima y sentido de la responsabilidad en unas administraciones locales que defienden su personalidad. La fusión forzosa de municipios en los años 60 llegó a generar problemas de orden público. Pensar en resolver la crisis mediante decreto, sin proceder a un profundo estudio de los efectos sociales que puede acarrear una decisión precipitada y no debatida previamente con los afectados, me parece ser parte de los problemas, y no de las soluciones.
Otra cosa, y muy distinta, es exigir un acuerdo de todas las fuerzas partidarias en el ámbito de la política territorial. Hasta el vigente régimen constitucional, España disponía de una administración local y provincial y otra nacional. Hoy, por voluntad de los españoles, se ha colocado entre ambas una administración autonómica con facultades legislativas y, por encima de todas ellas, otra administración más, la europea. Pero no nos hemos conformado con eso: en algunas comunidades autónomas se han constituido comarcas con los consiguientes consejeros comarcales y estructuras administrativas; en otras, veguerías. Y, además, se han creado federaciones autonómicas de municipios sin que desaparezca la FEMP. Hoy es posible que en una pequeña ciudad, incluso en una villa, se celebre a la misma hora un concierto de música clásica organizado por la comunidad autónoma, a cien metros otro de música barroca organizado por el ayuntamiento, y a poca distancia otro concierto más de música medieval, esta vez organizado por la diputación. Todos los conciertos, por supuesto, retribuidos a cargo del dinero público. Todos en edificios que se construyen y se mantienen, igualmente, con cargo al erario público.
El principio de subsidiariedad se convierte, así, en pura lírica. Si habláramos de deporte o de política social, el problema sería muy parecido. Seamos conscientes de que es preciso, y urgente, eliminar gastos duplicados y competencias solapadas.
El sistema administrativo y territorial merece un examen y una reforma integrales, y no una acción sesgada en términos políticos. Nos encontramos ante un problema de Estado que no puede ser resuelto con actuaciones parciales o con parches, sino con un gran acuerdo de Estado, dotado de un amplio, amplísimo, consenso, con un pacto basado en la austeridad, la responsabilidad y el respeto, y con un grado de lealtad institucional y constitucional a la altura de las grandes ocasiones históricas de la democracia española.
