MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Asimismo, analizará una multa de 114.000 euros al juez por ofrecer favores judiciales a cambio de dinero uno de los imputados en la denominada 'Operación Hidalgo' contra el blanqueo de capitales, que él instruyó.
La sala que revisará este caso estará presidida por Juan Saavedra y formada por los magistrados José Manuel Maza, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo y Manuel Marchena.
Además de la defensa de Urquía, el alto tribunal deberá revisar los recursos presentados por el resto de condenados en este caso, entre los que también se encuentra el amigo del juez Arnaud F.A., condenado a dos años de prisión y multa de 60.000 euros por un delito de cohecho cometido al ofrecer, en nombre del juez, favores judiciales a un imputado en el caso a cambio de 60.000 euros.
Esa persona, el empresario del petróleo Azan K., también procesado en esta causa, fue igualmente condenado por aquel pago a un año de prisión y multa de 50.000 euros por cohecho.
Según consta en la sentencia del TSJA, Urquía cometió un delito de prevaricación continuada en el dictado de los autos de libertad provisional de Azan K., su esposa y su sobrino, que permanecían en prisión preventiva por su presunta implicación en el caso 'Hidalgo'.
A juicio del alto Tribunal andaluz, Urquía, que decretó la libertad de los tres tras el recurso que plantearon sus abogados, no comprobó que los imputados estuvieran realmente implicados en delitos de la misma naturaleza en Bélgica, como alegaba su defensa, ni que éstos tuvieran que ver con lo investigado en Marbella.
Por otra parte, según incidió en su día el tribunal, una vez que Azan K. tuvo conocimiento de que su sobrino y su esposa estaban en prisión voló hasta España desde su residencia en Bruselas para ir a Marbella trayendo en efectivo algo menos de 100.000 euros.
Una vez llegado de Bélgica, y antes de su detención, declaración e ingreso en prisión, siendo ya consciente de que su esposa y su sobrino se encontraban sometidos a medidas cautelares personales, se encontró con su amigo Arnaud, en las proximidades de los juzgados de Marbella y le comentó cuál era la situación en la que él y sus familiares se encontraban.
"CONOZCO AL JUEZ, TODO SALDRÁ BIEN"
En el transcurso del encuentro, Arnaud le hizo saber a Azan que él conocía al juez del caso, que todo iba a salir bien, que no se preocupara, y que podría ayudarle en su situación y en la de sus familiares a cambio de dinero, ofrecimiento que, una vez concretado entre Francisco Javier de Urquía Peña y Arnaud, fue aceptado por Azan K., que entregó a Arnaud 60.000 euros por medio uno de sus sobrinos, después de lo cual el juez dictó los autos de libertad.
Urquía, que se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de dos años de cárcel, 30 de inhabilitación como magistrado y multa de más de ocho millones de euros por dos delitos de prevaricación judicial y otros dos de cohecho, fue absuelto en su día por el Tribunal Supremo de dos delitos de prevaricación de los que se le acusaba, otro de cohecho y otro más de revelación de secretos.
En la causa que debe revisarse ahora, el tribunal andaluz consideró que la actitud de juez no fue prevaricadora en la adopción, siendo instructor de 'Hidalgo', de determinadas medidas consistentes en la prohibición de disponer de bienes inmuebles y vehículos, el bloqueo de productos financieros pertenecientes a las sociedades investigadas, ni tampoco lo fue el auto por el que nombraba al administrador judicial de estas empresas.
Para la Sala, "aún cuando resulta extraño" que Francisco Javier de Urquía Peña designara al administrador judicial por "decisión personal" y que eligiera a quien en aquél entonces era diplomado y carecía de experiencia previa en administraciones judiciales, esa actitud no podía enmarcarse en la tipología de prevaricación.
El tribunal no consideró tampoco que existiera un "plan urdido" entre el juez y Arnaud F.A. e Igor M.L. para obtener el pago de determinada cantidad de dinero (entre 5,6 millones y 8 millones de euros) para que De Urquía modificase las medidas judiciales adoptadas en 'Hidalgo' sobre determinados bienes de empresas del empresario David Shamoon --imputado en la causa contra el blanqueo-- en beneficio de éste.
