MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha confirmado este martes que el diálogo con las fuerzas políticas para renovar el Tribunal Constitucional comenzará tan pronto como el PSOE designe a su nuevo líder, al tiempo que ha asegurado que su "voluntad" es que la renovación se produzca lo antes posible.
"Estamos a la espera de tener un interlocutor del PSOE. En el mismo momento en que tengamos un interlocutor iniciaremos ese diálogo", ha explicado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. "Nuestra voluntad es que sea cerca", ha remarcado.
Asimismo, ha señalado que dicha renovación debe llevarse a cabo con el "objetivo" de que el reparto de sus miembros no esté determinado por la proporción de votos que hayan tenido las diferentes fuerzas políticas en las pasadas elecciones generales, sino que se siga el "mandato constitucional" y se llegue a un acuerdo.
"A mi me gustaría mucho que en el Tribunal Constitucional no hubiese un reparto de miembros en función de los votos que hemos tenido los partidos políticos en las últimas elecciones, sino que siguiéramos el mandato constitucional, que no nos dice que si hay que elegir cuatro son dos para mi y dos para ti, sino que si tenemos que elegir cuatro, todos nos tenemos que poner de acuerdo en elegir a las cuatro personas que cumplan los requisitos de idoneidad, de capacitación y de experiencia", ha explicado.
En este sentido, ha manifestado que "ojalá" pudieran dar "ese paso de gigante para contribuir a recuperar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y en el Tribunal Constitucional" así como su "independencia", algo que se conseguirá también, ha explicado, gracias a la modificación del sistema de elección de los miembros de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"CONTAMINACIÓN POLÍTICA" EN EL TC
"El PSOE hizo una interpretación errónea que tuvo consecuencias. Cada vez que había una resolución del CGPJ lo que hacían los medios era identificarla en función del origen de designación de sus miembros, y decían: el grupo conservador vota esto y el grupo progresistas esto", ha criticado, para explicar lo que precisamente pretende evitar esta reforma es que las "decisiones justas y acertadas" sean "tachadas de contaminación política" por los ciudadanos.
Dicho esto, ha denunciado que, a causa del sistema actual, "el ciudadano, en lugar de asociar la decisión a la profesionalidad, lo identificaba con el origen político y pensaba que era una proyección del debate político que existe en el Congreso". "Eso además de contaminar decisiones válidas, ha tenido una repercusión muy negativa en la imagen de funcionamiento de la justicia", ha señalado.
Asimismo, ha apuntado la necesidad de llevar a cabo "una reflexión" sobre el funcionamiento de los jurados populares y sobre los delitos que estos deben encargarse de juzgar. "Llevamos unos años de experiencia en un sistema que nos era ajeno. Ha incorporado algunos elementos positivo pero tenemos que hacer una reflexión sobre qué delitos deben ser juzgados por un tribunal de jurado", ha señalado.
PERMANENTE Y REVISABLE, TÉRMINOS COMPATIBLES
Preguntado sobre la prisión permanente revisable, una de las medidas anunciadas por el ministro durante su comparecencia en el Congreso, Ruiz-Gallardón ha aseverado que ambos términos --permanente y revisable-- no son incompatibles, como sí lo es el de "perpetua" con el de "revisable", y que el objetivo de esta reforma es que la puesta en libertad de los presos quede supeditada a su rehabilitación.
"Siempre con unos máximos y unos mínimos", ha aclarado, para matizar que la necesidad de que la rehabilitación completa del preso sea determinante para su liberación es especialmente importante en aquellos casos en los que hay riesgo de que el sujeto vuelva a cometer el mismo delito. "Ese debe ser el factor", ha indicado, para añadir que éste primaría sobre la naturaleza jurídica del delito concreto.
Sobre la polémica surgida a raíz de sus declaraciones en las que aseguró que dichas condenas podrían aplicarse en aquellos casos que suscitaran una "máxima repulsa social", Ruiz-Gallardón ha explicado que será el legislador el encargado de determinar cuándo se da esta situación, en las que la sociedad considerar "que el castigo no es suficiente". "Esa es la labor del legislador, le corresponde interpretar el sentir social", ha remarcado.
Asimismo, ha confirmado que la introducción de nuevas tasas para los ciudadanos en el uso de la Justicia no va a limitar su acceso a los servicios judiciales sino que pretende evitar que algunos abusen de la posibilidad de obtener una segunda revisión cuando no estén de acuerdo con una sentencia. "Creo que ninguna de las tasas de las que estamos hablando será disuasoria", ha asegurado.
