“Estos casos producen una importante alarma social y merecen una respuesta lo más articulada posible”, ha asegurado Ruiz-Gallardón en su intervención, donde ha abogado por determinar la naturaleza de las sanciones si las divergencias de los diversos sistemas penales soberanos no hacen posible establecer ese “umbral de pena que marque el límite mínimo de la pena máxima”. En este supuesto, el ministro ha propuesto avanzar sobre la inhabilitación “para la intervención y actuación en los mercados y, para los casos más graves, penas de multa o incluso de privación de libertad”.
Por otro lado, en relación con la ampliación de la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil con demandados no domiciliados en la UE, el ministro de Justicia ha recordado en la reunión plenaria del Consejo que “España ya establece para los no domiciliados en la Unión unas reglas prácticamente coincidentes con las del denominado Reglamento Bruselas I, pero el interés ahora es que todos los Estados miembros tengan las mismas normas de competencia para sus tribunales, lo que fortalecería la comunidad jurídica europea”.
Tras reiterar el avance que supondría contar con un acuerdo internacional que estableciera unas reglas de jurisdicción uniformes que permitieran el reconocimiento de las resoluciones judiciales a escala internacional, Ruiz-Gallardón ha puntualizado que “a falta de ese acuerdo, la UE no puede quedarse inactiva y precisa tener unas reglas de jurisdicción uniformes y comunes a todos los Estados miembros, que fortalezcan su posición de partida en la negociación de un eventual acuerdo internacional”.
Bilateral
Durante su participación en el JAI, el ministro ha mantenido una reunión bilateral de cortesía con Morten Bodskov, su homólogo danés, país que actualmente preside la UE, y con el titular de Justicia británico, Kenneth Clarke. El encuentro con este último ha sido para analizar el colapso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde actualmente hay cerca de 160.000 asuntos acumulados. Ruiz-Gallardón mostró su apoyó a Clarke, cuyo país preside el Comité de ministros del Consejo europeo, en su afán por reformar el TEDH para que los miles de asuntos “triviales”, en palabras del británico, no impidan una rápida y eficaz resolución de los asuntos de mayor importancia. El ministro ha coincidido con su homólogo en que el Tribunal Europeo no puede convertirse en un organismo “de apelación ordinaria de última instancia”.
