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La deuda; por J. Andrés Sánchez Pedroche, Rector de la Universidad a distancia de Madrid

30/12/2011
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El día 30 de diciembre de 2011, se ha publicado en el Diario ABC, un artículo de J. Andrés Sánchez Pedroche, en el que el autor analiza el arrollador incremento del gasto público, y le declara causante de abocar a las economías occidentales a un verdadero estado de “crisis financiera”. Transcribimos íntegramente el texto del artículo.

LA DEUDA

La explosión del gasto público a lo largo de las últimas décadas ha constituido una de las más grandes y silenciosas revoluciones contemporáneas. La clase política, advertida quizás de la fugacidad de la vida, ha venido gastando lo que no ingresaba o, por mejor decir, comprometiendo en un muy pequeño lapso temporal lo que tarda en generarse muchos años. Esas decisiones en materia de gasto público, en una continua huida hacia delante, han adolecido de una tendencia irrefrenable al fomento de una mentalidad de derechos adquiridos, creando clientelas particulares para cuotas de gasto crecientes, bajo el paradigma de una premisa completamente falsa, cual es la de un crecimiento económico sin límites. Tal añagaza ha supuesto la apelación recurrente a la deuda pública, lo que equivale a decir que dichos derechos adquiridos se financian con los ingresos de generaciones futuras, pero sin el consentimiento de éstas, a la par que nuestros proceres se escudan en la presunta culpabilidad de los mercados, reclamando la apertura de un crédito para las empresas que ellos mismos han ahogado a través de la emisión de deuda masiva, utilizando los fondos de pensiones y la seguridad social para comprarla, y generando así una enorme burbuja de bonos, similar a la inmobiliaria. Y todo ello con la anuencia de los bancos centrales. En la actualidad, el 60 por ciento de los ingresos del Estado se utilizan para pagar intereses de deuda y gastos que no generan PIB. Y nuestro déficit de caja supera los 14.500 millones de euros, en un contexto en el que el saldo de ingresos y gastos ya es negativo antes incluso de empezar siquiera a afrontar dichos intereses. Las recientes llamadas a la suscripción de bonos patrióticos -curiosa denominación de las CCAA más endeudadas cuando emiten nueva deuda, con la única finalidad de cubrir los intereses pendientes, en un remedo de estafa piramidal- vienen acompañadas de unas estimaciones de crecimiento y de reducción del déficit que, ya se sabe de antemano, son absolutamente irreales, pese a lo cual se insertan pomposamente en los boletines oficiales como correcta parametrización de otros cálculos que nacen ya por eso mismo sesgados.

Los problemas asociados a la carga financiera de la deuda, es decir, a la laxitud presupuestaria, están relacionados también con el incremento de la oferta partir del momento en que estalla la crisis crediticia de los años ochenta. Le asistía la razón a Puviani cuando, ya en 1903, señaló que “cada constitución económica, en su desarrollo, crea las causas de su disolución y transformación”. El arrollador incremento del gasto público ha abocado alas economías occidentales a un verdadero estado de “crisis financiera” del que nos costará lustros salir. Algo de lo que ya nos advirtió la extraordinaria intuición de una economista como Joan Robinson, para la que los tiempos venideros iban a constituir “un período de prueba para el moderno capitalismo”.

Sobre la inconveniencia de recurrir al endeudamiento, dan cuenta numerosos procesos históricos. Por no ir más lejos, basta referirse en nuestro caso a la etapa de Felipe IV, pero también la generalizada protesta norteamericana en la década de los setenta, plasmada en la iniciativa Jarvis-Gann y la subsiguiente Propuesta núm. 13 del Estado de California, para modificar la Constitución y limitar el crecimiento del gasto público, equilibrando el presupuesto, como nos han recordado eminentes economistas de la Public Choice como Friedman, Brennan, Buchanan o Niskanen. Pero prescindiendo de alguna propuesta llamativa como la de Mckenzie, que abogaba por vincular la escala retributiva de los parlamentarios al déficit público existente, si de algo nos advierte también esa misma doctrina norteamericana es que la limitación constitucional contra el déficit público ha generado un sinfín de mecanismos extrapresupuestarios para la ejecución del gasto, eludiendo las restricciones constitucionales a su crecimiento, demostrando que dicho gasto no solo no se ha detenido con las reformas constitucionales, sino que la despresupuestación de numerosos fondos ha generado una preocupante situación en lo que al control, unidad y seguridad presupuestaria se refiere. Una advertencia seria a quienes, haciendo de la necesidad virtud, ven en las simples propuestas a la galería el taumatúrgico remedio de todos nuestros males y creen ya por eso solo conjurada la futura contumacia en el error.

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