MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado su visto bueno para que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique las nuevas normas de reparto y composición de Salas aprobadas por el Tribunal Supremo para el próximo año. El objetivo es evitar que en la instrucción contra aforados se acepten recusaciones de magistrados, como ha ocurrido en el caso del juez Baltasar Garzón.
La Comisión Permanente, a la que corresponde el control de la legalidad e los acuerdos adoptados por las Salas de Gobierno de los tribunales de justicia, no ha encontrado "objeción alguna" para dar luz verde al acuerdo adoptado a principios de noviembre por el alto tribunal, según informaron fuentes jurídicas.
Las normas establecen la novedad de que el conocimiento y la decisión sobre los recursos presentados por aforados frente a decisiones del instructor sean resueltos por una Sala integrada por tres magistrados, distinta a la encargada de instruir o enjuiciar la causa.
Estos tres magistrados serán nombrados por un periodo de cuatro meses, siguiendo el orden de los que precedan inmediatamente a los magistrados designados para la admisión, partiendo del más antiguo y excluyendo al presidente.
CAUSAS CONTRA AFORADOS
Estas normas afectarán a las causas especiales seguidas por la Sala de lo Penal contra personas aforadas, como son diputados, senadores, miembros del Gobierno central o integrantes del CGPJ, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o de la Audiencia Nacional.
Por ello, en caso de que el Supremo decida abrir una procedimiento contra el ministro de Fomento en funciones, José Blanco, por su implicación en la 'Operación Campeón' regirán las nuevas normas que otorgan a una sala específica la resolución de los recursos presentados contra las decisiones del instructor.
Por su parte, el tribunal que resolverá sobre la admisión a trámite la causa y, en su caso, la enjuiciará, estará formado por el presidente de la Sala y dos o cuatro magistrados, nombrados por un periodo de cuatro meses. Estas normas serán aplicadas a partir del 1 de febrero de 2012.
El Supremo pretende así evitar sospechas de imparcialidad como las que ha alegado el juez Baltasar Garzón para recusar a seis de los componentes de la Sala que debe juzgarle por autorizar la intervención de las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la 'trama Gürtel' con sus abogados en prisión.
Hasta este momento, la Sala de Admisión que decidía sobre los recursos también juzgaba a los aforados, por lo que éstos podían alegar sospechas de que los magistrados estuvieran "contaminados" al haber participado en la fase de instrucción.
