MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La Sala del 61, competente para resolver sobre las recusaciones planteadas por el juez Garzón contra seis de los miembros del tribunal que debían juzgarle por intervenir las conversaciones de imputados de la "Gürtel" con sus abogados en prisión, ha solicitado a la Fiscalía que le vuelva a informar sobre este asunto en un plazo de tres días.
Así se señala en una providencia notificada este miércoles en la se designa además ponente de este asunto al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, José Manuel Sieira Míguez.
La denominada Sala del 61 del alto tribunal ha comenzado a mover ficha sobre las recusaciones después de que el pasado lunes, el magistrado Miguel Colmenero --que instruía hasta entonces el asunto--, rechazara de plano apartar a los magistrados acusados de falta de imparcialidad por Garzón y elevara la cuestión a este órgano superior.
Fuentes jurídicas han señalado que la Sala del Artículo 61 podría reunirse para adoptar una decisión final tras el próximo puente de diciembre.
La Sala especial está integrada por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar; los presidentes de sus cinco Salas, los cinco magistrados más antiguos y los cinco más modernos de cada una de ellas. Se trata del mismo tribunal que es competente para la ilegalización de partidos políticos.
Por el momento, ya se cuenta con los informes que han presentado los cinco primeros magistrados recusados por Garzón, que son el propio presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Soriano, José Manuel Maza y Perfecto Andrés, a los que se sumaría Manuel Marchena, contra quien Garzón procedió unos días después.
El abogado del juez, Francisco Baena Bocanegra, argumenta que todos ellos están "contaminados" porque han participado en la instrucción del caso rechazando los recursos por él presentados.
PAPEL DE LA FISCALÍA
En su informe inicial, aunque ahora deberá pronunciarse de nuevo, la Fiscalía del Tribunal Supremo apoya estas cinco recusaciones, pero no así la del sexto magistrado que Garzón pretende que se aparte del juicio por las escuchas de "Gürtel", Manuel Marchena, de quien la defensa del juez de la Audiencia Nacional desconfía por su condición de instructor de la causa en la que se investigan los cobros que el juez de la Audiencia Nacional percibió del Banco Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.
La fiscal del Supremo Pilar Fernández Valcarce solicita la absolución de Garzón por el tema de las escuchas a la 'Gürtel', mientras que las acusaciones ejercidas por el abogado Ignacio Peláez y los imputados en 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo consideran que ha incurrido en prevaricación y en un delito contra las garantías constitucionales, por lo que piden que sea inhabilitado.
Peláez pide 10 años de inhabilitación para el juez. Por su parte, Correa califica los hechos como un delito de prevaricación judicial continuada, por el que pide que pague una multa de 3.240 euros e inhabilitación por 15 años y otros dos años por un delito contra las garantías constitucionales.
POSTURA DE LOS RECUSADOS
En los informes que han elaborado, los magistrados Juan Saavedra, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Soriano y José Manuel Maza consideran que su imparcialidad "no ha quedado desvirtuada" por el hecho de haber sido también los encargados de admitir la causa a trámite y resolver los diferentes recursos presentados por la defensa del juez suspendido de la Audiencia Nacional.
Con este criterio coincide Manuel Marchena, quien en un breve informe de tan solo unas líneas concluye que no se siente afectado por las consideraciones de Garzón y rechaza apartarse de la causa.
Los cuatro primeros recuerdan en su escrito conjunto que la propia Sala de lo Penal ha cambiado sus criterios para que los magistrados que admiten una causa y la juzgan no sean los mismos que resuelven los diferentes recursos que las partes pueden presentar durante la instrucción.
El sexto recusado, Perfecto Andrés Ibáñez, admite las razones del juez de la Audiencia Nacional al considerar que debe actuarse como hizo la Sala del 61 en el caso del juicio por la investigación del franquismo, en el que se aceptó apartar a cinco de los magistrados inicialmente designados al considerarse que se "contaminaron" al participar en la instrucción.
Andrés Ibáñez, cuya petición de abstención en esta causa no fue aceptada, rechaza sin embargo haber incurrido en falta de imparcialidad subjetiva, tal y como le atribuye la defensa de Garzón, a resultas de un artículo que publicó en la revista de la asociación Jueces para la Democracia (JpD) bajo el título "No se debe opinar --y menos aún informar-- con las tripas. Imprescindible ejercicio de contextualización".
