MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La OCU denunció el pasado mes de septiembre que un gran número de notarios y registradores habían cobrado más de 90 millones de euros de más en 2010 por las cancelaciones hipotecarias, incumpliendo las rebajas del arancel que incorporaba la Ley 41/2007. La Fiscalía abrió una investigación por estos hechos.
La asociación considera que la ley de aranceles ya era "suficientemente clara", a pesar de la interpretación "interesada" y "forzada" hecha por muchos notarios y registradores. Estas interpretaciones han dado lugar a numerosas resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado confirmando la aplicación de la rebaja arancelaria a todas las cancelaciones.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó la modificación legal a raíz de la denuncia de la OCU. La asociación advierte de que este Real Decreto no puede servir para exonerar la responsabilidad de las actuaciones de aquellos notarios y registradores que cobraron de más a los consumidores y que deberían devolver de oficio el exceso cobrado.
Por último, la OCU considera conveniente una revisión más profunda del arancel de notarios y registradores para aclarar el cobro de determinados conceptos que ambos incluyen en sus minutas y no están recogidos en el arancel (copias electrónicas, diligencias catastro, búsqueda de antecedentes, etc).
