MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha procesado por primera vez a cinco empresas de exportación y transporte que sirvieron de tapadera de una organización internacional dedicada al tráfico de droga que pretendía introducir en España desde Venezuela un total de 6,7 toneladas de cocaína.
Así consta en un auto notificado este viernes por el juez Eloy Velasco en el que aplica por primera vez en este tribunal la modificación del Código Penal que entró en vigor en diciembre de 2010 y que introdujo la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y la imposición de penas como su disolución, clausura o suspensión de actividades.
El magistrado procesa por un delito contra la salud pública a las empresas Transpinelo, ITSA, Multiservicios y Maquinaria OP, Joymaca y Geormadrid Machinery, que participaron en el traslado desde el puerto de Santander hasta de dos máquinas excavadoras y otras dos de volteo en las que el 24 de junio de 2011 la Guardia Nacional Bolivariana encontró la droga cuando iba a ser enviada desde el muelle de San Félix (Venezuela) en dirección al puerto de Bilbao.
Este mismo delito se lo atribuye a los presuntos responsables de la red José Manuel Blasco Lázaro, Luis Moreno Jiménez, Vasilica Irimia, José Luis García Rodríguez, Cristofer López Moreno y Luis Moreno Jimena. A este último también se le imputan los delitos de quebrantamiento de medida cautelar, falsedad en documento oficial y conducción de vehículo de motor sin permiso.
En el auto de procesamiento el juez explica que las personas y compañías imputadas conformaban "un entramado societario bajo la cobertura de una operación comercial de reexportación que no tenía otra finalidad que traer la droga a España". Según Velasco, las empresas procesadas "no eran capaces de sostenerse por sí mismas, pues no generaban beneficios ni eran capaces de cubrir costes".
800 MILLONES DE FIANZA PARA CADA UNO
El juez establece para cada una de las personas físicas y jurídicas procesadas una fianza de 800 millones de euros que deben depositar en el plazo de un día, al objeto de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles tras la celebración del juicio oral.
Velasco, que cita a las seis personas procesadas para el 22 de noviembre y a los representantes que las cinco empresas designen para el 23, también acuerda la clausura y suspensión cautelar temporal por dos años de las actividades de las sociedades mercantiles incursas en el procedimiento.
De igual modo, acuerda el comiso provisional de la droga incautada y de 540 euros en billetes de lotería, así como de los vehículos, el dinero, los móviles, los ordenadores y todos los objetos intervenidos en las detenciones y los registros practicados a los procesados.
