MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)
Por este acuerdo, según han explicado fuentes judiciales, Millán ha admitido los hechos por los que se le acusaba en una docena de causas, fijándose nueve meses de prisión y 10 años de inhabilitación en cada una, aunque cumplirá 27 meses de cárcel y 30 años de inhabilitación en virtud del artículo 76 del Código Penal que establece que, en el caso de delitos conexos, la pena máxima será el triple de la condena más grave.
En el caso de esta sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se le condena a dichas penas. Se señala que la defensa prestó su conformidad con el nuevo escrito de calificación presentado por el fiscal el pasado mes de junio, en el sentido de considerar los hechos como constitutivos de un delito continuado de prevaricación y en el que pedía la imposición de nueve meses de cárcel y 10 años de inhabilitación para cargo público.
Así, el pasado día 18 de este mes, el acusado compareció en el juzgado y se mostró de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, por lo que se ha dictado una sentencia de conformidad entre las partes. Fuentes judiciales han indicado que ya se han dictado otras sentencias en las que Millán también ha expresado su conformidad con los hechos planteados en los escritos de acusación del ministerio público.
En este caso, se considera probado por todas las partes que en la inspección de agentes de Medio Ambiente en dicho municipio se comprobó que existían ocho construcciones de viviendas unifamiliares ubicadas en suelo "no urbanizable de secano", la mayoría de ellas promovidas por extranjeros. En unos casos las obras se iniciaron tras una licencia concedidas por el Ayuntamiento y en otros con una "mera solicitud" de permiso "sin resolver".
En este sentido, se considera que en cinco casos, el alcalde "a sabiendas de la ilegalidad de las construcciones cuya licencia se solicitaba, concedió las mismas, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido para ello, siendo consciente de que no podían concederse", según se señala en la resolución del juzgado, que es firme al haber manifestado las partes que no se presentará recurso de apelación.
En otras tres ocasiones, señala la sentencia, el acusado, "para evitar la responsabilidad derivada de tener que dictar resoluciones contrarias a la legislación urbanística y dejando de cumplir obligaciones derivadas de su cargo, omitió resolver las solicitudes de concesión, consintiendo la realización de las construcciones --también de viviendas unifamiliares-- a sabiendas de que eran contrarias a la normativa urbanística vigente".
