EN DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES
Ahora que se abre la campaña electoral, surgen, como no, diversas propuestas e iniciativas de los partidos políticos. Una idea que ha venido ganando cierta simpatía en algunos sectores ha sido la posible supresión de las diputaciones. Es cierto que el régimen local español está necesitado de una profunda reforma, ya que los pilares que lo sustentan se muestran superados para afrontar las inmensas dificultades y complejos retos de los entes locales. Pero concluir que esa necesaria reforma debe conllevar la supresión de las diputaciones provinciales supone una de las más desafortunadas iniciativas.
Es hoy, en el periodo de mayor apuesta y despliegue de las diputaciones, cuando empiezan a alzarse voces cuestionando su necesidad en el sistema de ordenación territorial, por la emergencia de las comunidades autónomas y su dinámica expansionista en materia competencial. La supresión de las diputaciones en las comunidades autónomas uniprovinciales, el proyecto de sustitución por los consejos de veguerías en Cataluña y el giro en el pensamiento político, más preocupado ahora, con la crisis económica, en el control del gasto público y la eliminación de la duplicidad de servicios, abren ahora esta posibilidad.
Contribuye a reforzar dicha propuesta la extraña situación que hoy atraviesan las diputaciones, derivada de los siguientes factores con las consecuencias que se reseñan: sostenimiento de actividades y servicios del Estado y de las comunidades autónomas (desatención de servicios propios); permanente auxilio, con cesión de inmuebles y otros equipamientos, a éstas (despatrimonialización); exclusión de las políticas puestas en marcha por las comunidades autónomas (desprecio e ignorancia de las diputaciones); ausencia de participación en los ingresos de las comunidades autónomas (asfixia económica); realización de políticas sectarias respecto a los municipios (descrédito); desmesurados planes de subvenciones a colectivos y organizaciones sociales (establecimiento de redes de clientelismo).
Se concluye de lo anterior que las diputaciones no han sabido ocupar y defender el espacio por la legislación a ellas reservado, la atención a los municipios. El resultado ha sido la transformación de las diputaciones en unas entidades irreconocibles, casi esperpénticas. Recuperar su verdadera función como entidad supramunicipal, volcada en el apoyo a los municipios de menor capacidad, sería uno de los objetivos a lograr por la nueva Ley de Bases del Régimen Local.
Pero estos problemas, de exclusiva responsabilidad de los gestores políticos, no pueden concluir con la supresión de las diputaciones, cuyo arraigo y labor supera y se superpone a tan complicada realidad. Lo que cabe cuestionar no es a las diputaciones, que como decimos deben corregir los problemas aludidos, sino los gestores que han dado lugar a esta situación. No es lícito dejar enfermar al perro para luego decir que ya no sirve para guardar el cortijo. Más bien, lo que procede es cuidarlo para que gane fuerza y salud y cumpla su cometido: proteger el caserío y a sus moradores.
Esto es lo que debe hacerse con las diputaciones: dotarlas de medios e instrumentos necesarios para que puedan llegar cada vez con más energía y vigor a los municipios. La duplicidad de servicios que ahora se argumenta como razón para acabar con su existencia no es sino la incapacidad del Estado y comunidades autónomas para ejercer y desplegar sus propias competencias. Antes que proponer la supresión, debería reconocerse el mérito de estas entidades locales dispuestas, con sus limitados medios, a cubrir los vacíos e inoperancia de unas administraciones más dispuestas a eludir sus propias responsabilidades que a dar servicios a los ciudadanos.
