MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Así lo ha reconocido Antonio V.L. en su declaración como imputado ante el magistrado instructor, a cuyo término se le ha acusado de un delito de blanqueo de capitales.
De este modo, ha relatado ante el juez que Correa le daba dinero en efectivo para que sus inversores lo invirtiera en Miami. Además, ha recalcado que cortó la relación con el empresario cuando sospechaba de que el dinero en efectivo podría proceder de "actividades ilícitas".
DIRECTIVOS DE TECONSA
Por otro lado, han comparecido dos antiguos directivos de la constructora Teconsa, quienes se han negado a declarar por delitos contra la Administración Pública y blanqueo de capitales.
Los empresarios Rafael M.M. y José Luis M.P. han desfilado ante el magistrado, pero se han acogido a su derecho a no declarar. Las citaciones de los exconsejeros de Teconsa, Padre e hijo, se han producido a instancias de la Fiscalía de Madrid con motivo de la estrecha relación de la constructora en el municipio de Arganda, uno de los epicentros de actuación de la red 'Gürtel'.
Desde que se inició la investigación, Pedreira indaga la actividad de Teconsa en esta localidad madrileña, cuyo exalcalde Ginés López es uno de los imputados en la instrucción. En concreto, se investiga a la constructora en relación a la adjudicación de la construcción de una piscina municipal y de la carretera de circunvalación, que tuvo un coste de 2,6 millones de euros.
Esta empresa constructora del grupo Martínez Núñez, que está vinculada al caso, se encuentra en suspensión de pagos tras fracasar un proceso de negociación con sus entidades financieras para refinanciar su deuda.
Además, Teconsa se encuentra investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en relación a la supuesta adjudicación irregular de la construcción de un tramo de la variante de Olleros de Alba (León) a esta constructora.
Un informe de la UDEF apuntaba a que la constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3 por ciento del contrato, descontando el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió supuestamente el botín.
Según recoge el documento judicial, la unidad de auxilio judicial de la IGAE ha concluido tras el examen del citado expediente que en su tramitación se ha incurrido en diversas irregularidades, "vulnerando los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia".
Asimismo, destaca que la orden de inicio de este expediente es del entonces consejero de Fomento de Castilla y León José Manuel Fernández Santiago, quien fue también la persona que lo adjudica el 29 de noviembre de 2002.
