MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El Pleno de la Sala de lo Civil del alto tribunal ha resuelto no admitir la demanda en consonancia con los criterios de la Fiscalía, al considerar que no puede prosperar una reclamación de responsabilidad civil a jueces y magistrados basada en la petición de una reforma que garantice el derecho a la doble instancia en el proceso penal.
Gayoso había solicitado ser indemnizado por Sala y por los también magistrados del Tribunal Constitucional Manuel Aragón y Adela Asúa. Los tres integraban el tribunal que septiembre de 2010 inadmitió el recurso de casación que el letrado había presentado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que un año antes le había condenado a 4 años de prisión por participar en una operación de tráfico de hachís organizada por el clan de Oubiña.
Antes de dirigirse al Constitucional, Gayoso había intentado, sin éxito, que la pena le fuera anulada mediante sendos recursos de revisión y súplica ante el Tribunal Supremo.
Aún faltan por conocer las razones de inadmisión de la demanda contra Sala y los otros dos magistrados constitucionales, que será redactada por José Ramón Ferrándiz, según ha informado el Tribunal Supremo.
CASACIÓN CUMPLE EXPECTATIVAS DE DOBLE INSTANCIA
No obstante, y según informó en su día la Fiscalía la reclamación de Gayoso "no puede canalizarse en la exigencia de que los Tribunales, al margen de la ley procesal vigente, convirtiéndose en legisladores, determinen un nuevo procedimiento que al entender del demandante pudiera garantizar esa doble instancia penal, que ha sido objeto de numerosísimas reclamaciones ya efectuadas y de estudios doctrinales que han tratado el tema hasta la extenuación".
Por ello, la Fiscalía concluía que los magistrados Sala, Asúa y Aragón acertaron al declarar que la cuestión de la doble instancia penal no es de especial trascendencia constitucional a los efectos del recurso de Gayoso, que por dicha razón fue rechazado.
"La demanda interpuesta carece de toda viabilidad, pues imputa a los magistrados una conducta maliciosa ("a sabiendas"), sin aportar prueba alguna, o de culpa y negligencia, sobre una petición que correspondería hacerla en su caso al legislador, y que tratándose de principios procesables no aplicables en nuestras actuales leyes, además declaradas constitucionales", eliminan cualquier responsabilidad civil de los miembros de los tribunales, que en el ejercicio de legales funciones deben aplicarlas", concluía el Ministerio Público.
