PALMA DE MALLORCA, 23 (EUROPA PRESS)
La acusación particular en el caso Andratx, ejercida por el Ayuntamiento del municipio mallorquín, ha retirado todas las acusaciones contra siete de los ocho inculpados que se han sentado en el banquillo por la concesión presuntamente irregular de una licencia para la construcción de un chalet en terreno protegido, operación en la que presuntamente intervino el ex jefe de Urbanismo Jaume Massot, para quien la Fiscalía sí mantiene su petición de pena, aunque rebajada.
Al término del juicio celebrado por la pieza 9 de la causa y que este viernes ha quedado visto para sentencia, el letrado de la acusación particular, Josep de Luis, ha modificado su escrito de calificación provisional -en el que, entre otras penas, reclamaba seis años de cárcel para Massot- y ha retirado todos los cargos que inicialmente formuló contra siete de los ocho inculpados. Únicamente mantiene su acusación contra el propietario del terreno donde se levantó la vivienda de 140 metros cuadrados, Emilio Martínez 'El Panza', para quien reclama dos años de cárcel.
Una circunstancia que se produce cuatro meses después del cambio de color político que tuvo lugar el pasado mes de mayo en el Consistorio 'andritxol' y que se tradujo en el pacto del PP-Coalició per les Illes (CxI), lo que habría relajado los criterios del Ayuntamiento a la hora de dirigir sus acusaciones contra los imputados de esta causa -en la que el Consistorio se personó por decisión del anterior equipo de gobierno, integrado por PSOE, PSM y UM-.
Mientras tanto, el Ministerio Público ha retirado su acusación contra la mujer y el hijo de Martínez así como contra el arquitecto Gabriel Vicens, quienes han abandonado la sala tras conocer esta decisión. El tribunal, por tanto, deberá dictar sentencia si así lo considera únicamente contra Massot, Martínez, la funcionaria municipal Ángela Hernández, el arquitecto Luis Ros y el técnico jurídico Jacobo Rodríguez Miranda.
En referencia a Massot, a pesar de que en el escrito de calificación inicial la acusación particular apuntaba a que el acusado "seguía llevando un férreo control del área de urbanismo" aún habiendo dejado el cargo, en su modificación de los hechos asevera que Martínez actuó aconsejado "por alguna persona vinculada al Ayuntamiento y gran conocedor de la normativa urbanística" y recalca que se concertó con "el desconocido experto urbanístico" ya que "escapa a toda lógica que por él mismo (en referencia a 'El Panza') fuera capaz de tramar la treta".
Sin embargo, el letrado del Consistorio afirma que de la prueba practicada durante el juicio no ha sido posible "identificar nominalmente al experto asesor urbanístico que urdió el plan criminal", si bien de la instrucción de esta pieza se desprende que Massot intervino de forma directa en los hechos, como así también lo considera la Fiscalía.
"CLARA MUESTRA DE INEPTITUD PROFESIONAL"
En su nueva narración de la presunta trama que se urdió para posibilitar la concesión de la licencia, el Ayuntamiento carga asimismo contra la actuación que llevaron a cabo Vicens y Rodríguez Miranda, quienes emitieron sendos informes favorables de forma supuestamente arbitraria y que, a juicio de la acusación particular, son "una clara muestra de ineptitud profesional y falta del más mínimo rigor deontológico" por no haber comprobado la antigüedad de la vivienda que existía previamente y que fue ejecutada de forma presuntamente ilegal por Martínez para posibilitar la construcción posterior de su chalet.
"Una simple comprobación por parte del técnico y el celo en la documentación exigible por el jurídico hubiesen abocado a la denegación de la licencia", asevera el escrito, que sin embargo considera no acreditada la concurrencia de dolo "en el deficiente actuar profesional de ambos técnicos".
Precisamente, sobre Rodríguez Miranda ya advertía el anterior juez instructor del caso Andratx, Francisco José Pérez, que como asesor jurídico debía tener conocimientos en materia urbanística y "velar por el cumplimiento de la legalidad". "Si de lo contrario se limitara a comprobar que se han elaborado todos los informes, sería irrelevante su formación: da igual que fuera administrativo, licenciado en enfermería o en psicología", abundaba al respecto el auto que dictó para decretar el fin de la instrucción de la pieza, posteriormente confirmado por la Audiencia.
El escrito de la acusación particular tampoco hace referencia a la anotación que de su puño y letra habría realizado la funcionaria Ángela Hernández en un certificado de antigüedad mediante el cual habría hecho constar, a sabiendas de su falsedad, que la vivienda preexistente tenía "50 metros cuadrados", tamaño que impedía obstaculizar la construcción del chalet. La Fiscalía sí mantiene esta acusación, aseverando que Hernández apuntó por sí misma la cifra siguiendo indicaciones de Massot sobre los metros cuadrados que debían aparecer en el certificado.
LAS PENAS SOLICITADAS POR EL FISCAL
En concreto, el fiscal Juan Carrau pide dos años de cárcel para Martínez, otros dos para Massot y Hernández, seis meses para Ros y una multa de 12.000 euros para Rodríguez Miranda, mientras que las defensas de estos cuatro últimos han solicitado su absolución. En el caso del ex jefe de Urbanismo, su abogado, Fernando Mateas, ha defendido que no hay indicio o prueba alguna que demuestren que su patrocinado participó en los hechos como "tampoco nadie le ha incriminado".
Antes de que las partes expusieran sus conclusiones e informes finales, durante la práctica de la prueba pericial el arquitecto Rafael Balaguer ha manifestado que con la ampliación sin ningún tipo de licencia de la casa de aperos que existía previamente, esta edificación "automáticamente quedaba fuera de toda ordenación". Es más, ha apuntado que el tipo de teja y la piedra de la vivienda denotaban que ésta había sido ampliada de forma irregular.
