VALENCIA, 20 (EUROPA PRESS)
A través de un auto de fecha de este martes, contra el que cabe recurso, Pedreira eleva una cuestión de competencia negativa al TS --que se produce cuando los jueces implicados en un proceso rehusan a entender de la causa-- después de que la sala de lo civil y penal del TSJCV adoptara una resolución por la que asumía parcialmente la investigación de hechos derivados del 'caso Gürtel' remitidos por el TSJM y rechazara otros, y de que tanto la Abogacía del Estado como Fiscalía hayan planteado al TS esta cuestión de competencia negativa.
La sala de lo civil y penal del TSJCV se declaró el pasado mes de mayo competente para asumir la investigación por financiación irregular del PPCV, por delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007 y por falsedad mercantil en relación con los comicios generales de 2008 pero entendía que correspondía a Madrid estudiar los hechos delictivos atribuidos al ex director general de RTVV Pedro García por cohecho y prevaricación en las adjudicaciones relacionadas con la visita del Papa a Valencia en 2006; las contrataciones entre la Generalitat con Orange Market y otras sociedades del Grupo Correa y a esa empresa por delito fiscal.
La decisión la confirmó la sala en julio, al desestimar los recursos interpuestos por algunas de las partes. En la causa, conocida como de financiación irregular, se investiga a los diputados Vicente Rambla, ex vicepresidente primero del Consejo; Ricardo Costa, --ex secretario general del PPCV; David Serra, Milagrosa Martínez --expresidenta de las Cortes-- y Yolanda García --que ha ocupado cargos de tesorera del partido--.
Sin embargo, tanto el Abogado del Estado como Fiscalía elevaron una cuestión de competencia negativa al TS --el 5 de julio y el 30 de junio respectivamente--, que también ha planteado Pedreira tras analizar ambos escritos. De hecho, el magistrado señala que se ratifica "íntegramente" en la jurisprudencia invocada por el ministerio fiscal, y añade que, de acuerdo con un auto anterior sobre este caso de la sala de lo civil y penal del TSJM, al haber ocurrido los hechos en la Comunidad Valenciana, deberían ser los órganos jurisdiccionales de esta autonomía los encargados de investigar los hechos, de acuerdo con el fuero del territorio. Además, existen aforados valencianos en la causa por lo que tampoco podría tomarles otra instancia declaración como imputados.
ARGUMENTOS DEL FISCAL
El fiscal señalaba en su escrito que para la asunción de competencia por parte del TSJCV "no se han aceptado como procedería hechos sino delitos" y se han llegado a admitir "respecto de unos mismos hechos la competencia de algunos delitos que podrían constituir y rechazando, sin embargo, la de otros".
Por ejemplo, señala que esto ocurre con los hechos cometidos en 2007 y que podrían constituir delitos contra la Hacienda Pública, electoral, y de falsedad, aunque se excluyó la competencia de los delitos fiscales. Según el ministerio público, lo mismo ocurre con 2008, donde se acepta la competencia pero solo en relación con la falsedad documental, "excluyendo cualesquiera otros" como posible delito electoral, contable o contra la Hacienda Pública.
"Ello a pesar no solo de tratarse de los mismos hechos, sino de que en los delitos cuya competencia se rechaza, habrían podido participar personas aforadas ante el TSJCV, como resulta del propio auto que acepta parcialmente la inhibición al fundamentar la posible intervención de éstas en los delitos de falsedad continuada", señala el fiscal.
En esta línea, añade que existe una "estrecha vinculación" entre todos los hechos que fueron objeto de la inhibición acordada, que tienen como "rasgo común y distintivo el conformar lo que podría denominarse 'rama valenciana del grupo Correa'". Al respecto señala que son delitos cometidos en Valencia, vinculados a la actividad de Orange Market y "revisten una mayor conexión entre sí que con el resto de delitos objeto de investigación en el TSJM".
Según la argumentación del fiscal, tanto la contratación pública como privada con el PPCV de Orange Market constituyen una unidad desde el punto de vista tributario, y resalta que las irregularidades en la contratación pública cuya competencia rechaza el TSJCV "guardan múltiples similitudes" con las de la contratación para Fitur, que sí se asume en Valencia. Por ello, cree que resulta precisa una investigación conjunta de ambos casos para tener una "correcta calificación jurídica", al igual que sucede con los contratos de RTVV con Teconsa para la visita del Papa.
