VALENCIA, 13 (EUROPA PRESS)
El magistrado que instruyó el caso, José Flors, dictó el pasado 15 de julio un auto por el que ordenaba abrir juicio oral contra Campos, Betoret, el ex presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el ex secretario general del PPCV y diputado en las Cortes, Ricardo Costa, por un delito de cohecho impropio pasivo.
Tras dictar esta resolución, los imputados tenían la posibilidad de evitar la celebración del juicio ante un jurado popular si se ponían de acuerdo y admitían conjuntamente haber recibido regalos de la trama corrupta, tal y como establece la ley. Esta actuación les obligaba a aceptar la multa más alta solicitada contra ellos, que en este caso es la pedida por el PSPV --acusación popular-- y a contar con antecedentes penales.
Así, cinco días más tarde, tanto Campos como Betoret se presentaron en el tribunal valenciano para reconocer su culpabilidad y pedir que contra ellos se dictase una sentencia condenatoria. Sin embargo, Costa y Camps no acudieron, pese a que inicialmente iban a hacerlo, según confirmaron en su día a Europa Press fuentes próximas al caso. De hecho, el abogado de este último llegó a presentar el escrito de conformidad --no firmado por el cliente-- y avisó al TSJCV de que iba a ir, pero finalmente dio marcha atrás.
Seguidamente, el magistrado dio traslado a las partes de esta causa para que presentaran alegaciones sobre las conformidades de Campos y Betoret, con el objeto de que indicasen si estaban de acuerdo con que contra ellos se dictase una sentencia condenatoria y, así, poder evitar el juicio. Fiscalía Anticorrupción ya ha mostrado su conformidad con esta posibilidad.
Cuando el magistrado presidente del jurado reciba todas las alegaciones, dictará un auto con su decisión. Paralelamente, Climent también tendrá que pronunciarse sobre las alegaciones pendientes respecto a la decisión de José Flors de dictar apertura de juicio oral contra los imputados.
La Fiscalía pide una multa de 41.250 euros para Camps, igual condena que reclama para Costa y Betoret, mientras que solicita 35.000 euros para Víctor Campos. Por su parte, el PSPV eleva la petición hasta los tres años de prisión y ocho de inhabilitación, aunque también contempla tres escenarios alternativos para los cuatro imputados que incluyen inhabilitación o multa, que es la que han aceptado los dos acusados que han mostrado su conformidad.
