Los apartados que se recurren hacen referencia a los siguientes conceptos: regla en virtud de la cual no habrá derecho a indemnización ni posibilidad de recurrir, actuaciones de dotación, aprovechamiento preexistente o entregas de terrenos a la Administración.
El Gobierno entiende que esta norma autonómica, de artículo único, que modifica la anterior Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, es inconstitucional en ocho de sus apartados por no reconocer derechos recogidos en la Constitución Española o por contradecir artículos de leyes estatales vigentes, como la de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o el Texto Refundido de la Ley del Suelo.