Así lo han señalado fuentes jurídicas a Europa Press, que han recordado que inicialmente, Hacienda le achacó una deuda fiscal de 655.000 euros tras detectarse sus vínculos profesionales con el despacho de abogados Feliu de Palma, asesoría legal sobre la que pesan varias sospechas de estafa investigadas en este procedimiento. En concreto, calculó que Torroja habría defraudado una cuota de unos 475.000 euros en 2006 y unos 180.000 en 2007.
La imputada, defendida por el abogado Ildefonso González-Grano de Oro, fue por ello citada a declarar en junio de 2009 por el titular del Juzgado de Instrucción número 7, Antoni Garcías, ante quien entonces se acogió a su derecho de no declarar. La cantante iba a ser interrogada en torno a las supuestas relaciones de su empresa Carlitos Way con el despacho Feliu, que según las pesquisas realizadas hasta ahora habría urdido un entramado millonario de fraude fiscal.
Torroja pidió además la nulidad del caso y que asimismo se declarasen nulos como pruebas los registros llevados a cabo en el bufete Feliu así como los pinchazos telefónicos realizados en las investigaciones de esta supuesta trama de evasión fiscal, investigada desde abril de 2007. No obstante, el juez rechazó el recurso de quien fuese la voz de Mecano.
Las sospechas comenzaron cuando, durante de la investigación del caso, varios de los clientes de la asesoría Feliu acabaron como imputados. Todos ellos alegaron en su descargo que eran residentes fiscales en Inglaterra y que, por tanto, no tenían obligación de declarar o pagar sus impuestos en España sobre determinadas operaciones inmobiliarias o financieras o respecto a su patrimonio.
También Ana Torroja alegó ante Hacienda que no era residente fiscal en España y al igual que el resto de clientes de la asesoría señalaba Reino Unido como su residencia. De este modo, la cantante aparecía como supuesta implicada en abril de 2007, como administradora única de la empresa Carlitos Way, constituida en 2004 y dedicada a dar servicios en restaurantes.
Después de que la cantante se negase a declarar, el magistrado acordó para la imputada una fianza civil de 1,8 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias de los delitos fiscales que se le imputaban hasta ese momento.
OPERACIÓN RELÁMPAGO
La investigación judicial de la Operación Relámpago fue iniciada el pasado 26 de abril de 2007 por los Juzgados de Instrucción número 1, 11, 12 y 7, que instruyeron las diligencias relacionadas con los registros que se llevaron a cabo esa misma jornada en el bufete de abogados de Miquel Feliu en el Passeig Mallorca, en la notaría 'Herrán y Delgado Notarios' de la calle Unió y en una sucursal bancaria de la zona, todos ellos ubicados en Palma.
Durante el periodo previo al inicio de la actuación judicial, la Agencia Tributaria investigó durante varios meses la presunta canalización de dinero a través de paraísos fiscales, el blanqueo de capitales, las dobles ventas de solares y otra serie de ventas concretas, ya que el bufete Feliu se hallaba relacionado con 816 sociedades que tenían unos activos declarados por importe de 307 millones de euros.
En septiembre de ese mismo año el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma de Mallorca denegó la petición de prisión incondicional solicitada por el fiscal Anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, y las acusaciones particulares para el abogado Miquel Feliu, principal imputado en la 'Operación Relámpago', que investiga el presunto fraude en las dobles ventas de solares en Cala Llamp en Andratx (Mallorca), fraude a la Hacienda Pública, estafa y blanqueo de capitales. Fuente: Europa Press
