La sentencia da la razón a la Comisión Europea, que llevó a España ante el TUE por incumplir la directiva que obliga a implantar sistemas adecuados de recogida y depuración de aguas residuales en las zonas urbanas de más de 15.000 habitantes.
Si las autoridades españolas no corrigen la situación, el Ejecutivo comunitario podría denunciar de nuevo el caso ante el Tribunal y pedir la imposición de fuertes multas.