El Gobierno, como ya había avanzado con anterioridad el ministro, tiene intención de dirigirse en las próximas semanas a los interlocutores sociales y a las Comunidades Autónomas para establecer un calendario y un programa de trabajo para culminar el proceso de discusión de la reforma de las políticas activas de empleo no más tarde de enero de 2011. En esta negociación el Gobierno está dispuesto a discutir todas las propuestas que las partes presenten con objeto de alcanzar el mayor consenso posible.
Ocho mil millones de euros
En la actualidad las políticas activas de empleo constituyen, en términos de gasto, una de las principales políticas del Estado: a ello se destinan cada año en torno a unos ocho mil millones de euros. A pesar de este volumen significativo de recursos, las políticas activas de empleo españolas mantienen un nivel de recursos muy limitado en relación con los países europeos que sirven como modelos de referencia en esta materia, por lo que deberán verse reforzadas progresivamente, a medida que las condiciones económicas lo permitan.
Actualmente, la estructura del gasto en políticas activas de empleo del Estado se distribuye aproximadamente en tres tercios: un tercio se destina a bonificaciones a la contratación, recientemente reordenadas y priorizadas en la reforma laboral; otro tercio, a programas de empleo y el tercio restante, a programas de formación.
Claves de la reforma
Las tres grandes claves de la misma deben ser:
1. Reformar con una visión a largo plazo.
2. Conjugar la competencia normativa del Estado con la competencia de ejecución de las Comunidades Autónomas.
3. Combinar la actuación de los Servicios Públicos de Empleo y la de los agentes privados de intermediación.
Con estas premisas, se pueden establecer algunas líneas y orientaciones básicas de la reforma de las políticas activas de empleo:
Situar las necesidades de las personas desempleadas como centro de gravedad de la reforma de las políticas de empleo. Para ello los Servicios Públicos de Empleo deben estar más próximos a las personas desempleadas, conocer mejor sus necesidades y prestarles apoyo desde que entran en el desempleo hasta que encuentran un empleo.
Fortalecer los Servicios Públicos de Empleo, lo que incluye reordenar las actuales partidas del gasto en políticas de empleo, mejorar la organización y funcionamiento de estos servicios, y, en los próximos años, incrementar sus recursos humanos, materiales y tecnológicos. Junto a ello, debería buscarse la colaboración público-privada en la intermediación laboral, preservando la centralidad de los Servicios Públicos de Empleo.
En cuanto a bonificaciones, si bien la reforma laboral ya ha realizado una importante reordenación, es imprescindible una evaluación permanentemente del nuevo sistema para verificar si cumple los objetivos previstos y, a medio plazo, tender hacia un modelo en que las bonificaciones empresariales a la contratación tuvieran un menor peso en la composición del gasto público en políticas activas de empleo.
Programas de empleo y formación
Los actuales programas de empleo destinados a las personas desempleadas, muchos de ellos diseñados veinticinco años atrás, también deberían ser objeto de una revisión en profundidad para adecuarlos al contexto del siglo XXI.
En el capítulo de formación, la reforma debería ir encaminada a incrementar la eficacia del sistema incluyendo, entre otras medidas, un sistema global de análisis de las necesidades y potencial del conjunto de los desempleados.
Vinculación con políticas pasivas
Por último, y en la línea en la que se ha venido manifestando el Gobierno, la reforma de las políticas activas de empleo debería profundizar en la vinculación entre los programas de empleo en los que participan las personas desempleadas y las prestaciones del sistema de protección por desempleo.
