El Proyecto de Ley tiene por objeto "situar a la legislación española en materia de ciencia y tecnología e innovación en la vanguardia internacional", para lo que el Ejecutivo propone una serie de medidas con el objetivo de alcanzar una "Ciencia del siglo XXI".
Entre estas propuestas, se encuentran "la incorporación del enfoque de género con carácter transversal; el establecimiento de derechos y deberes del personal investigador y técnico; el compromiso con la difusión universal del conocimiento, mediante el posicionamiento a favor de las políticas de acceso abierto a la información científica; la incorporación de la dimensión ética profesional, plasmada en la creación de un Comité que aplicará los criterios y directrices internacionalmente aceptados; o el concepto de cooperación científica y tecnológica al desarrollo".
UPyD argumentaba su rechazo al Proyecto en que "realiza un análisis superficial y poco realista de los problemas de la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica en España, y como consecuencia no aborda algunos de los problemas más urgentes de la investigación científica, o los aborda de una forma simplista y vacía de contenido, como la transferencia rápida de los resultados de la investigación a la sociedad y las empresas, el cambio en el modelo productivo, el aumento de la productividad, la mejora de la capacidad competitiva de las empresas, la integración de la iniciativa privada en los distintos proyectos de I+D y la transformación del sistema nacional de innovación".
