Bruselas, que debía autorizar la medida española por exigencia de las normas europeas de competencia sobre ayudas públicas, ha exigido como condición al Gobierno que no conceda más subvenciones después de 2014.
Ha propuesto prorrogar hasta 2014 las ayudas públicas al carbón, que expiraban a finales de 2010, pero supeditando cualquier nueva subvención a funcionamiento a que se presente un plan de cierre para las minas deficitarias, que se sitúan principalmente en el norte de España, Alemania y Rumanía.