CUANDO LA CLASE MEDIA ESPECULA A CRÉDITO
Durante los últimos meses he tenido la oportunidad de participar en diversos encuentros, foros y mesas redondas en las que se me invitaba a proponer soluciones a la crisis económica a partir de mi experiencia en los Juzgados de lo Mercantil. Y en todas las ocasiones he aprovechado para dar a conocer herramientas y procedimientos, como la dación en pago, que han demostrado su validez una vez se ha generalizado su aplicación. Sin embargo, también estos planteamientos han tropezado con problemas en su comprensión debidos, en gran parte, a las dificultades para realizar un diagnóstico exacto de la actual situación. Por eso, es conveniente, antes de recordar las soluciones, volver a detenerse en las causas de la crisis en la que nos encontramos inmersos.
Para ello es bueno utilizar la perspectiva histórica y comparar lo que viene sucediendo desde 2007 con la otra gran crisis del capitalismo moderno -la derivada del crack bursátil del 29- y establecer los paralelismos correspondientes. En ambos casos, nos encontramos un elemento común y desencadenante: la especulación a crédito asociada a las clases medias. Como es conocido, durante los felices años 20, el consumo a crédito característico de las clases medias, unido a los bajos intereses, generó una vorágine compradora, entre otras, de las acciones de sociedades cotizadas en Bolsa, que las hizo subir de precio en una espiral casi interminable. Luego, el calentamiento de la economía hizo el resto, subiendo los intereses de los préstamos concedidos por las entidades financieras y disuadiendo finalmente a los potenciales compradores. Esta situación terminó por reventar el mercado bursátil, al convertirse el precio de las acciones en puramente ficticio, y los bancos dejaron de prestar dinero para comprar nuevas acciones, de tal manera que ya nadie tenía o bien la capacidad o bien la intención de invertir en la Bolsa, que se desplomó.
Las similitudes con lo sucedido 80 años después son evidentes, con la diferencia de que el foco del problema se ha situado ahora en los bienes inmobiliarios, que han sustituido en nuestro país a los títulos bursátiles como principal factor de especulación y, al tiempo, principal aval de cara a la concesión de nuevos créditos. De nuevo, hemos vivido unos años de esplendor del consumo de las clases medias vinculado a los créditos que los bancos otorgaban masivamente y que los ciudadanos podían ir afrontando gracias a unos tipos de interés bajos. Y, una vez más, el despertar ha sido muy duro, con un aumento de precios que ha hecho elevar, a su vez, los créditos y las hipotecas, hasta que muchas empresas y familias han comprometido su viabilidad.
En la época de la Gran Depresión la economía de EEUU -y como consecuencia la mundial- se vio inundada de una gran cantidad de acciones fuera de mercado. Ahora ocurre lo mismo con un número creciente de inmuebles, cuyas hipotecas no han podido ser afrontadas y que vuelven a unas entidades financieras que, a su vez, no pueden venderlos a los precios de tasación, porque no encuentran comprador, y que deben restringir el crédito por la falta de liquidez. Este contexto, que podría definirse con la forma clásica del círculo vicioso, debe ser quebrado en algún punto para reactivar un mercado estancado. En este sentido, la dación en pago a favor de la entidades hipotecantes se ha revelado como un instrumento eficaz para aliviar la deuda de empresas y particulares. Sin embargo, el círculo no se convertirá en virtuoso hasta que bancos y cajas de ahorro no devuelvan al mercado esos inmuebles ya limpios de hipotecas, y eso pasa necesariamente por ajustar el precio a las actuales circunstancias. Todo ello se encierra en la tesis que ya he tenido ocasión de aplicar y defender en distintos foros con el nombre de “centrifugado de bienes hipotecados”.
Si las administraciones públicas, los organismos de supervisión bancarios y, desde nuestra posición, los juzgados no nos implicamos con presteza en contribuir a este desenlace, las soluciones a la crisis, que pasan necesariamente por permitir la periodificación de las pérdidas a las entidades financieras (es decir, que las pérdidas por poner inmuebles en el mercado por debajo de los precios de adquisición no se computen ese mismo año sino en ejercicios siguientes para amortiguar así el impacto de esas operaciones sobre las cuentas) pueden llegar demasiado tarde.
