El compromiso del Gobierno con la modernización del lenguaje jurídico arranca con el Plan de Transparencia Judicial, por acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de octubre de 2005, a fin de alcanzar el objetivo de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Este compromiso y esfuerzo del Gobierno se multiplicó recientemente con la aprobación del Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia, en el que se prevé la creación de esta comisión de expertos que sentará las bases para que el carácter técnico y específico del lenguaje jurídico no esté reñido con su transmisión de forma clara y accesible al ciudadano.
El informe permitirá identificar, entre otras cuestiones, los problemas lingüísticos básicos que las comunicaciones escritas, las vistas y comparecencias ocasionan a los ciudadanos y también a los profesionales del Derecho
Composición
Esta Comisión, adscrita a la Secretaría de Estado de Justicia, estará presidida por su titular, Juan Carlos Campo; el vicepresidente será Víctor García de la Concha, director de la Real Academia Española de la Lengua, y actuarán como vocales las siguientes personas: Gabriela Bravo Sanestanislao, portavoz del Consejo General del Poder Judicial; Carlos Carnicer Díez, presidente del Consejo General de la Abogacía; Salvador Gutiérrez Ordóñez, miembro de la Real Academia Española; Gabriela Cañas Pita, periodista de “El País”; Alex Grijelmo García, presidente de la Agencia Efe; Jesús María García Calderón, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; María Peral Parrado, periodista de “El Mundo”, y Mercedes Bengoechea Bartolomé, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares.
Al presidente de la Comisión le corresponderá establecer el calendario de sesiones, el método de trabajo y las decisiones necesarias para que ésta cumpla su mandato. Con carácter ordinario, la Comisión se reunirá con una periodicidad mínima mensual y quedará disuelta una vez que haya presentado su informe al ministro de Justicia.
Asimismo, este grupo podrá ser asistido por un comité técnico, coordinado por el director del Gabinete del secretario de Estado de Justicia, y dispondrá de los medios necesarios para el ejercicio de sus funciones.
Los miembros de la Comisión desempeñarán sus funciones de forma gratuita.
