Este Anteproyecto de Ley da cumplimiento a la previsión recogida en la Ley de Contratos del Sector Público en relación a la regulación de la financiación privada de los concesionarios de obra pública, y tiene como objetivos reforzar el compromiso de las empresas adjudicatarias, exigiendo una mayor participación de fondos propios en la financiación de un proyecto, y abrir nuevas vías para facilitar la financiación externa de estas empresas.
Exigencias a los concesionarios
En este sentido, el futuro texto legal exigirá a los concesionarios que su volumen de recursos propios alcance, al menos, el 10 por 100 de las inversiones que se vayan a realizar. Se establecen, así, nuevos requisitos de solvencia a las empresas que concurran a concursos públicos, buscando un mayor compromiso de los adjudicatarios en la financiación del contrato con cargo a sus propios recursos y una mayor seguridad para la Administración y los acreedores.
Del mismo modo, se limitará al 80 por 100 de las inversiones previstas en la concesión el importe de la deuda susceptible de titulizarse o hipotecarse.
Por otro lado, una de las principales novedades que introduce el texto es la posibilidad de obtener avales públicos como garantía para cualquier fórmula de endeudamiento con la que las empresas privadas pretendan financiar una obra pública, algo que hasta el momento la Ley sólo reservaba a las emisiones de obligaciones. El objetivo es facilitar a los adjudicatarios de contratos públicos la obtención de los fondos necesarios en los mercados de capitales. Ésta garantía no será aplicable en los casos de titulización de créditos o hipoteca de la concesión. También se eliminan obstáculos a la amortización anticipada de los créditos participativos.
Colaboración público-privada
El Anteproyecto regula, asimismo, el proceso de selección de los socios privados que cooperarán con las Administraciones Públicas en el capital de las sociedades de economía mixta que se constituyan para la ejecución de contratos públicos, como expresión de la denominada colaboración público-privada institucional. En aplicación de los principios de transparencia y objetividad, la selección de los socios privados se realizará siguiendo los mismos requisitos procedimentales previstos para la adjudicación de contratos públicos.
Debido a la importancia adquirida por el fenómeno de la colaboración público-privada, el Anteproyecto amplía la posibilidad de solicitar avales públicos a las empresas adjudicatarias de contratos de colaboración y a las sociedades de economía mixta.
