En el acto de presentación de este acuerdo han estado presentes el Delegado Territorial para Andalucía Oriental de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Jaime Leiva, el Director del Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), Antonio Guerrero, el Director del Centro de Inserción Social de Málaga, Ángel Herbella y el Decano del Colegio de Abogados de Málaga, Manuel Camas, quien ha afirmado que “es esencial la colaboración de toda la sociedad en la reeducación de los penados”. En este sentido, Camas destaca esta alternativa a las penas de prisión como “una vía mucho más eficaz para conseguir la integración”.
Labores de apoyo administrativo como el control de archivos o la atención telefónica son algunos de los trabajos que podrán desarrollar estas personas junto a los letrados malagueños en cumplimiento del régimen de Trabajos en Beneficio de la Comunidad, una medida para evitar el ingreso en prisión en la que el penado coopera sin ser retribuido en determinadas actividades de utilidad pública.
El perfil general de los infractores es el de una persona con un trabajo regular que ha sido condenada en la mayoría de los casos por un delito contra la Seguridad del Tráfico. Este programa permite así que el penado pueda compaginar su trabajo con labores que revertirán en la comunidad: por ejemplo, a través de la asistencia directa a víctimas después de que se haya cometido una infracción de tráfico.
