El Tribunal de Justicia de la Comunidad Valencia consideró ilegales las obras por infringir la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, estimando que “el proyecto de restauración y rehabilitación consistía realmente en una obra que se asienta sobre las ruinas de un teatro romano y las oculta, tratándose de una reconstrucción sobre las ruinas auténticas (...)”.
La Sentencia del Tribunal Supremo obliga a levantar el mármol que recubre la platea y derribar el muro de cierre de la escena hasta la cota de 1,2 metros, elementos que fueron instalados durante las obras de rehabilitación en 1990. El plazo concedido es de 18 meses y la ejecución la llevará a cabo la Generalitat Valenciana.
