El texto, que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 25 de junio, abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil del ámbito familiar o de convivencia, así como el principio de subsidiariedad de las Administraciones Públicas. Igualmente, se endurece la respuesta punitiva a los maltratadores.
Además, el Proyecto de Ley crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y una Delegación del Gobierno para impulsar y coordinar estas políticas.
Entre las novedades incorporadas por la Cámara Alta respecto al texto remitido por el Congreso, el Proyecto incorpora en su ámbito de protección a las mujeres víctimas con especiales dificultades, como por ejemplo, las inmigrantes en situación irregular, las mujeres con discapacidad o aquellas que viven en el medio rural.
El texto no contemplará finalmente la articulación de un Fondo de Garantía de Impago de Pensiones Alimenticias para las víctimas de violencia de género, aunque manda al Gobierno a regular esta figura a través de una normativa específica con carácter general para todos los procesos de separación y divorcio.
