El Tribunal observa que la modernización del sistema contable, que deberá ser operativa para el ejercicio 2005, todavía necesita que se realicen esfuerzos considerables antes de estar preparada para una aplicación plena. Como en años anteriores, el Tribunal considera que las operaciones subyacentes a las cuentas consolidadas son, en conjunto, legales y regulares en el caso de los ingresos, de los compromisos y de los gastos administrativos. Asimismo, observa los progresos realizados en lo que respecta a la reforma del sistema de control interno de la Comisión y su incidencia positiva en la legalidad y en la regularidad de la gestión interna de los gastos de la Comisión. Sin embargo, en el ámbito de la gestión compartida o descentralizada y de la gestión centralizada indirecta, en que las operaciones pueden ser objeto de errores importantes, debe realizarse un mayor esfuerzo para aplicar con eficacia los sistemas de control y supervisión con el fin de controlar mejor los riesgos existentes.
En caso de los gastos agrícolas, los pagos se han visto materialmente afectados por errores debido a las insuficiencias de los sistemas de control y supervisión. El Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), que abarca alrededor del 58 % de los gastos agrícolas, se aplica de manera satisfactoria, aunque la calidad de las inspecciones sobre el terreno debe mejorar. Los otros gastos no cubiertos por el SIGC presentan un mayor riesgo, ya que son objeto de unos controles menos eficaces: Existen problemas en los ámbitos de gastos en que la ayuda se paga en función de las cantidades producidas (aceite de oliva, algodón, tabaco y forrajes desecados), en el desarrollo rural, las restituciones por exportación y el almacenamiento de intervención. El proceso de certificación de las cuentas de los organismos pagadores agrícolas es satisfactorio, pero el Tribunal señala que la decisión de liquidación financiera todavía se halla pendiente en el 43 % de los gastos declarados para 2003, así como en las cuentas de 29 organismos pagadores con respecto a 2001 y 2002.
En el caso de las medidas estructurales, debido a debilidades en los sistemas de control y supervisión en los Estados miembros, los pagos a los beneficiarios se han visto afectados por el mismo tipo y por la misma frecuencia de errores que en ejercicios anteriores.
El progreso observado en el cierre de los programas del período 1994-1999 sigue siendo limitado, debido en gran medida la presentación, por parte de los Estados miembros, de solicitudes de pago final inadecuadamente documentadas. Pese al refuerzo de los requisitos reglamentarios, la fiscalización del Tribunal confirmó el mismo tipo de problemas que los hallados en el período de intervención 2000-2006. La Comisión debería pedir a los Estados miembros que realizaran mejoras en los sistemas y recurrir a la posibilidad de suspender los pagos en caso de hallar debilidades importantes en los sistemas.
Las mejoras realizadas por la Comisión en 2003 en el ámbito de las políticas internas todavía no son suficientes para evitar los errores en los pagos finales a los beneficiarios, debido principalmente a unas declaraciones excesivas de costes. Se identificaron deficiencias en el Fondo Europeo para los Refugiados en el ámbito de la libertad, seguridad y justicia, así como en el 6º Programa Marco de Investigación. Deberían revisarse en particular las normas que rigen los programas marco de investigación.
En el caso de las acciones exteriores, la fiscalización del Tribunal reveló pocos errores en los servicios centrales de la Comisión y en las delegaciones. No obstante, se detectaron debilidades en los controles internos, así como un número relativamente importante de errores, tanto en las organizaciones encargadas de la ejecución de los proyectos como en los propios proyectos. Resulta esencial que, en el marco de la descentralización de la gestión, funcionen de manera eficaz los instrumentos necesarios para supervisar y controlar los sistemas y los gastos.
Con respecto a la estrategia de preadhesión, pese a las mejoras observadas, siguen existiendo debilidades en las auditorías realizadas por la Comisión, así como en los sistemas de control interno de los países candidatos, que dan lugar a errores y a un mayor nivel de riesgo que afecta a la legalidad y a la regularidad de los pagos de 2003.
En el ámbito de los gastos administrativos, las instituciones comunitarias han dedicado esfuerzos considerables a adaptar sus sistemas de control y supervisión a las exigencias del nuevo Reglamento Financiero. Sin embargo, la mayor parte de las instituciones todavía no había realizado todos los cambios exigidos. La fiscalización del Tribunal no reveló problemas significativos que afectaran a la legalidad y a la regularidad de las operaciones examinadas.
Teniendo en cuenta el alcance limitado de la fiscalización, el Tribunal consideró que los ingresos comunitarios, IVA y RNB - estaban correctamente calculados por la Comisión y registrados en las cuentas comunitarias. No obstante, es necesario avanzar más para eliminar los riesgos en la exactitud de los datos comunicados por los Estados miembros.
Las cuentas de los Fondos Europeos de Desarrollo se consideraron fiables, con excepción de algunos problemas como la contabilización de los pagos de anticipos y de los fondos Stabex. Desde el punto de vista de la legalidad y la regularidad de las operaciones, el efecto de las normas de control interno de la Comisión es limitado, porque no se aplicarán a sus delegaciones hasta finales de 2004. Sin embargo, el Tribunal observó que los sistemas de control y supervisión en las delegaciones y en los países ACP en general estaban bien concebidos, aunque su aplicación podía mejorar. En conjunto, las operaciones eran legales y regulares.
Las acciones emprendidas por la Comisión relativas a la infrautilización de créditos dieron lugar a un excedente de los ingresos con respecto a los gastos de 5 500 millones de euros. Aunque en términos absolutos todavía es una cifra elevada, representa un descenso comparado con 2002 (7 400 millones de euros) y 2001 (15 000 millones de euros). La persistente infrautilización de créditos supone un reto para la gestión presupuestaria de la UE con su efecto en el creciente nivel de compromisos pendientes -gastos jurídicamente comprometidos pero aún no efectuados. Al final de 2003, dichos compromisos pendientes representaban el valor de cinco años de pagos, lo que significa una situación peor que en el mismo punto del anterior periodo de las perspectivas financieras. Es contradictorio aumentar el presupuesto cada año si se carece de capacidad para absorber los recursos dentro del plazo previsto para ello.
