El titular de Justicia respondía de este modo a la pregunta que le realizó durante el Pleno del Senado José Manuel Barquero, que se interesó sobre las actuaciones concretas que podría llevar a cabo el Ejecutivo para impedir las consultas ilegales si se deroga la reforma del Código Penal que tipificó de forma concreta estas conductas.
Así, Juan Fernando López Aguilar contestó que lo previsto en el denominado “Plan Ibarretxe” cuenta con la más enérgica oposición del Gobierno, si bien, afirmó, el Código Penal no puede reformarse de cualquier manera, en alusión a la forma en la que se introdujo el nuevo delito.
Explicó el Ministro de Justicia que la extralimitación de funciones, la prevaricación, la desobediencia grave y el favorecimiento o colaboración con la actividad de una organización ilícita son instrumentos más que bastantes para construir una imputación por actividades que tengan esa naturaleza.
También recordó que la convocatoria de un referendo ilegal puede suspenderse por vía contencioso-administrativa y por vía “constitucional ejecutiva”, recurriendo al la impugnación prevista en el artículo 161.2 de la Constitución. Así, dijo que es perfectamente posible dar garantías de que una actuación ilegal que tenga esa orientación, sencillamente no va a tener lugar.
