CRISIS DEL AMPARO CONSTITUCIONAL
El autor examina en este artículo la polémica sobre las discrepancias entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en relación con la última sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo en la que declara incursos en responsabilidad civil a once magistrados del Tribunal Constitucional.
Considera Pablo Saavedra Gallo que el problema radica en la crisis que experimenta el desarrollo y aplicación del recurso de amparo constitucional. En su opinión, este instrumento procesal de tutela de los derechos y libertades básicos de los ciudadanos no cumple, desde hace ya tiempo, ninguna de las expectativas para las que fue creado.
En primer lugar, dice el catedrático, nos encontramos con el masivo grado de amparos inadmitidos a trámite. Desde un primer momento, prestigiosos constitucionalistas advirtieron de que no era conveniente otorgar tan amplia tutela de los derechos y libertades fundamentales al Tribunal Constitucional.
Un segundo dato es la forma en que el Tribunal Constitucional inadmite a trámite la mayoría de los recursos de amparo constitucional ya que en el 98,4 por ciento de los supuestos la inadmisión se decide mediante una resolución escasamente motivada.
En ese contexto se sitúa la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2004. A su juicio la sentencia y el acuerdo posterior del Tribunal Constitucional de 3 de febrero de 2004 son manifestaciones claras de la crítica situación del amparo constitucional.
La indefinición de competencias, reflejo de la desafortunada configuración del recurso de amparo constitucional, hace que ambos tribunales se encuentren, en opinión del autor, en un “callejón sin salida”. La gran cantidad de amparos ha obligado al Tribunal Constitucional a flexibilizar su propia jurisprudencia para evitar el colapso definitivo y aun así acumula retrasos muy preocupantes en todas sus funciones.
Además, considera Pablo Saavedra que peor lo tiene el Tribunal Supremo, debido a que el Tribunal Constitucional aborda, con frecuencia, el enjuiciamiento de cuestiones fácticas y legales, descendiendo a interpretar la legalidad cuando, a su juicio, desarrolla derechos fundamentales, lo que condena al Supremo a tener permanentes choques con el Tribunal Constitucional.
Por los motivos expuestos, el catedrático afirma que es urgente una reforma del recurso de amparo constitucional, reforma que, en su opinión, pasa por retirar al Tribunal Constitucional el conocimiento de muchas de las pretensiones de tutela de derechos fundamentales que tiene ahora atribuidas.
