Por Comunidades Autónomas, las empresas de Madrid y Cataluña lideraron el sistema extrajudicial de resolución de conflictos mercantiles, con 151 y 132 casos de arbitraje, respectivamente. En la Comunidad Valenciana se administraron 33 arbitrajes, seguida de Baleares y Andalucía, con 32; País Vasco, con 27; Galicia, nueve; Castilla y León, ocho; Murcia, siete; Canarias, seis; Navarra, cinco; Aragón, dos, y Asturias, Cantabria y Extremadura, uno cada una.
Las cuantías objeto de reclamación oscilaron el año pasado entre los 6.000 y los cuatro millones de euros, con un importe medio de 40.000 euros, y la duración media de los procesos se situó en cuatro meses, con un máximo de seis.
Los sectores que más recurrieron al sistema arbitral para la resolución de litigios fueron el de la construcción, el inmobiliario, el de la telefonía, el de las nuevas tecnologías y el de la distribución comercial. El 80% de los asuntos fueron de tipo de mercantil y el 20% restante de índole civil.
Las Cámaras de Comercio confían en que la nueva Ley de Arbitraje, que entrará en vigor el próximo mes de marzo, impulse el uso de la vía extrajudicial y opinan que el texto puede convertir a España en un centro internacional de arbitraje, al clarificar su aplicación en el contexto jurídico internacional.
