ARBITRAJE Y JUSTICIA
En la nueva Ley de Arbitraje recientemente aprobada, han sido acogidas finalmente las legítimas aspiraciones de la abogacía perseverantemente sostenidas. Los abogados habíamos hecho, conjuntamente con las Cámaras de Comercio, un esfuerzo denodado desde la Ley de 1988 en la promoción del sistema arbitral. Todo el camino recorrido desde entonces, con cuidado y calidad, ha permitido que crezca la confianza de los ciudadanos en la solución arbitral de sus conflictos. En estos años era ya exigible que los laudos de derecho los pronunciaran abogados en ejercicio. Ahora las cosas seguirán siendo así gracias a que desde el Gobierno y desde el Parlamento se ha dado cabida en la nueva Ley a un solución armónica; en todos aquellos casos en los que las partes no hayan hecho expresa designación, los árbitros de derecho serán abogados en ejercicio.
La promoción del arbitraje como solución de conflictos constituye un empeño necesario. Ya hoy el número creciente de arbitrajes y la calidad consolidada de los mismos, permite descongestionar en alguna medida las tareas jurisdiccionales. De ahora en adelante las Cámaras de Comercio, las organizaciones empresariales, los Colegios de Abogados y las instituciones de la sociedad civil, tenemos que trabajar en la difusión de la cultura del arbitraje, pues ello permitirá aliviar la carga de los juzgados y tribunales y hacerlo, además, con altos raseros de efectividad y satisfacción por parte de los usuarios, que cuando acuden al arbitraje renuncian, no se olvide, a su derecho fundamental de acceso a la justicia.
En Madrid, una gran ciudad, una avanzada autonomía, la realidad de la justicia es cruda y difícil. Hay muchas cosas pendientes de hacer. Estamos entrando en el segundo año de competencias autonómicas en materia de justicia y en el primero del Gobierno que preside Esperanza Aguirre. El reto es enorme, porque la ciudadanía sigue percibiendo que entre todos no terminamos de conseguir los buenos resultados que son exigibles a la justicia, que si bien no puede dar razón y satisfacción a todos, sí debe convencer a todos.
El camino para perfeccionar el dispositivo de justicia es conocido y está, en parte, emprendido. Nosotros, desde la abogacía, hemos de perseverar en la autoexigencia de calidad y espíritu de servicio, acreditando, como exige nuestra trayectoria, el esfuerzo que requiere el ejercicio libre e independiente de nuestra profesión.
Precisamente por ello también reclamamos que, en el ámbito de la justicia, el abogado sea considerado con el respeto que nuestra función merece y con la dignidad que corresponde a la de aquellas personas por cuyos derechos luchamos. Es por ello muy importante que se alivien con generosidad y comprensión las incomodidades del acceso a los edificios; la insuficiencia en la ubicación de las dependencias profesionales en las sedes judiciales y en las instalaciones a través de las que prestamos con generosidad y entrega importantes servicios sociales a los colectivos de los “excluidos”.
Son tantas las cosas pendientes que, sin dejar de reconocer los temas en los que gracias al esfuerzo conjunto de todos se va avanzando, estamos obligados a continuar con nuestra exigente reclamación de atención. En actitud tan cooperadora y cordial como se quiera, pero tan tensa como ha de ser mientras no se alcance la plena dignidad de nuestra profesión y la de aquellos cuyos derechos defendemos: los ciudadanos que no por capricho, sino por necesidad, han de acudir ante la Justicia.
