Las agencias tributarias autonómicas tendrían las competencias de recaudación, gestión, inspección y liquidación de todos los impuestos, no sólo de los cedidos, mientras que el reparto de los ingresos y su redistribución se mantendría como competencia exclusiva de la Agencia Tributaria central.
La Agencia Tributaria central dejaría de ser presidida por el secretario de Estado de Hacienda para pasar a ser dirigida por una persona elegida por consenso en el Parlamento y la relación de las agencias autonómicas respecto de ella respondería a un régimen de consorcio.
A favor de este modelo de descentralización se esgrime, entre otros, el dato de que Navarra, que disfruta del régimen foral, registra un índice de fraude fiscal diez veces inferior a la media del resto de España.
