Según la Asociación de Fiscales, las Comunidades están dispuestas a asumir las competencias, que les otorga la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, pero reclaman para ello financiación a la Administración central.
En este sentido, la Asociación de Fiscales ha afirmado que no se puede decir que no funciona la Ley de Menores sino que no se ha puesto plenamente en funcionamiento.
El presidente de la Asociación no quiso detallar las regiones en las que, a su juicio, no se ponen los medios precisos para aplicar la Ley del Menor, pero señaló que “trabajar en la reeducación de menores es mucho más caro que trabajar en la reeducación de adultos”.
