La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado un plazo de diez días hábiles a la Diputación Foral de Álava, al Ejecutivo vasco y a la Fiscalía para que presenten sus alegaciones sobre la competencia del caso.
Sin entrar al fondo del asunto, la resolución judicial se limita a reclamar a las partes implicadas sus alegaciones sobre qué jurisdicción consideran que es la pertinente para estudiar la impugnación del Plan Ibarretxe y argumentarlo. Ello obligará a la Diputación a explicar en qué basa su recurso.
En caso de que se decidiera que la competencia es del Tribunal Constitucional, se remitiría directamente el caso a dicho Tribunal. De considerar que la Jurisdicción contencioso-administrativa es la que debe resolver sobre el recurso, éste quedaría automáticamente admitido a trámite.