La principal novedad introducida en el Senado es una enmienda consensuada por el Gobierno y todos los grupos parlamentarios, que crea un mecanismo de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para facilitar el despliegue de redes y antenas de telefonía móvil.
Durante la tramitación parlamentaria de la Ley General de Telecomunicaciones, se introdujeron varias modificaciones entre las que destaca la posibilidad de que los operadores que tienen derechos de uso del espacio radioeléctrico, del cual es titular el Estado, puedan traspasar a terceros dichos derechos de explotaciones, especificados en sus respectivas licencias.
El nuevo texto contempla la posibilidad de que cualquier empresa pueda actuar como operador en el mercado sin necesidad de obtener una autorización administrativa para ello, únicamente informando con carácter previo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
El Proyecto de Ley crea también una nueva entidad, la Agencia Estatal de las Radiocomunicaciones, que tendrá como finalidad gestionar el uso que hacen del espacio radioelectrónico los operadores, radios y televisiones.
